Una vez más surge en toda su magnitud la necesidad de una estrategia para el mediano y largo plazo del sector energético del país. Las urgencias están reflejadas por indicadores que pueden parecer contradictorios, tales como el hecho de que por un lado un informe técnico da cuenta de que los consumidores de productos del upstream se apropian de la mayor parte de la renta petrolera (ver página 4), al tiempo que las ganancias de la mayoría de las operadoras –que si bien “sólo” se quedan con un 8 por ciento del total, devienen en balances fuertemente superavitarios- surgen de la mayor explotación de los yacimientos en producción, con menor inversión exploratoria. Contradicciones que se evidencian también en el hecho de que mientras Argentina aparece en un tercer lugar en el ranking de países con recursos de gas no convencional, la posibilidad de que tales recursos lleguen a certificar como reservas comprobadas está todavía a una larga distancia, que comenzará a recorrerse sólo una vez que se plantee a fondo (alejada de los tiempos políticos que regirán hasta octubre próximo) la cuestión de los precios del gas en boca de pozo. La intensa asignación de permisos exploratorios en Chubut, por otra parte, tiene como contratara la necesidad de que se establezcan mayores reconocimientos para el petróleo eventualmente encontrado, lo cual sólo podría lograrse a partir de un replanteo del sistema de retenciones a la exportación, que actúa como un techo para los precios internos.
Así, el país parece transitar en un carro que por ahora se mueve por inercia, pero que al final del camino –de no mediar un replanteo general- podría encontrarse con sorpresas no gratas: los mismos precios internacionales que hoy pueden esquivarse (como en el caso del gas) podrían ser el mayor y más grave peaje, que afectará a los sectores menos favorecidos, al terminar ese hipotético recorrido.