La discusión que se abre entre Nación y las provincias es si finalmente éstas pueden ejercer su jurisdicción como dueñas del recurso que está en su subsuelo, tal como establece la Constitución Nacional desde 1994 y tienen derecho a ser socias en la eventual explotación de recursos no convencionales de petróleo y gas, ahora que se conoce el alto potencial que el país cuenta en sus principales cuencas, es decir la Neuquina y la del Golfo San Jorge. Es cierto que Chubut no podría ser alcanzada en algunos de estos cambios normativos, por ejemplo en la percepción de regalías adicionales acordada con YPF, pero podría verse impedida de asociar a Petrominera en una eventual futura explotación shale de El Trébol, si los ensayos del primer pozo exploratorio continúan siendo positivos, tras la confirmación del modelo geológico que arroja presencia de petróleo liviano y gas de alto poder calórico. También es claro que el debate debe ser íntegro: si esa participación apunta a la adquisición de conocimientos y aporte productivo de las empresas provinciales, con metas vinculadas al interés regional y a estrategias para garantizar la sustentabilidad del territorio, o si sólo se trata de cargar a la alta inversión productiva que requiere este tipo de campos con un costo adicional de una estructura burocrática. En la respuesta a esa pregunta reside la diferencia entre “acarreo” (lo que semeja llevar un peso muerto a la rastra) y una potencial asociación pro activa del verdadero dueño del recurso.