Informes
El apoyo legislativo hacia el contrato con Tecpetrol, de forma mayoritaria, no significa que estuvo exento de críticas, particularmente desde diputados que, como en el caso del socialista Anselmo Montes, plantearon su visión ideológica de que las áreas debieron revertirse y entregarse a la nacionalizada YPF. O dese el radicalismo, tanto el diputado Roberto Risso como el senador y actual presidente del partido, Mario Cimadevilla, quien sostiene que el acuerdo es lesivo para los intereses del Estado y ha promovido una serie de pedidos de informe sin cuya respuesta, advierte, podría presentar un recurso de amparo para suspender la aplicación del contrato. Concretamente, el legislador nacional planteó dudas en torno a si la operadora ha cumplido los compromisos asumidos en el contrato de 1991, sin los cuales no podría acceder a la prórroga por 10 años que acaba de otorgársele, entre otros puntos críticos, como la exención del impuesto a los sellos. Más allá del apoyo obtenido, sería esperable, en aras de las garantías de transparencia que la magnitud del tema requiere, que el gobierno extreme el esfuerzo para despejar, fundamentalmente ante el conjunto de la sociedad, tales cuestionamientos.