Por Raúl Figueroa) El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, evaluó que los términos alcanzados en el contrato con Tecpetrol significan “un estándar alto de mantener y nos plantea un desafío para las próximas negociaciones”, al tiempo que estimó que antes de fin de año se habrán cerrado otros contratos, entre los que mencionó las conversaciones con PAE para adecuar su contrato a los términos fijados por la ley provincial de Hidrocarburos.
Para el funcionario, el amplio apoyo legislativo reflejado en la aprobación por 23 votos a favor (2 negativos y 2 ausencias) fue el resultado del trabajo realizado “para propiciar un debate horizontal, tal como nos ordenó el gobernador Buzzi, priorizando los intereses de los ciudadanos por sobre los sectoriales”.
45 dólares
Ante las críticas planteadas en sectores de la oposición sobre el valor de referencia de 45 dólares por barril, como condición para cumplir los compromisos de inversión, el funcionario afirmó que “es una lectura sesgada tomar ese valor como un piso, si bien no podemos desconocer la historia donde hubo bajas del precio internacional (en los años 98 y 08, por ejemplo), más allá de que hoy las previsiones internacionales son de crecimiento. Pero si ocurriera esa baja, lo que plantea el contrato es una negociación sin renunciar a los compromisos, que se mantienen latentes hasta el reacomodo de las variables económicas y se discute de qué modo ésta se adecua mientras dura el escenario negativo. Un caso concreto es el que ocurrió con PAE el año pasado, cuando ante la suspensión del programa Petróleo Plus (que afectaba el precio de referencia por barril) bajó 18 equipos y no tuvimos posibilidad de discutir nada. En este nuevo esquema, la autoridad de aplicación tendrá la posibilidad de evaluar alternativas, sin encontrarse frente a decisiones unilaterales de las operadoras, que además no dejan de estar obligadas a cumplir los compromisos asumidos, sino que deben reprogramarlos. Si no se pueden hacer en un año, pasan para el siguiente”.
Otra de las críticas que hubo en el ámbito legislativo fue en referencia a que las operadoras quedarían fácilmente liberadas de los compromisos, al considerar que el ingreso por barril de crudo está por debajo de 45 dólares. Sin embargo, Cufré remitió a la definición de “ingresos netos” que se establece en el texto del Acuerdo. Dicho concepto alude específicamente al precio resultante de descontar “el monto que resulte de deducir los importes correspondientes a las conceptos deducibles, de conformidad a la ley 17.319 y sus normas reglamentarias, para el cálculo y pago de las regalías”.
Además de las regalías, se establece también la posibilidad de deducir retenciones a la exportación, sobre el volumen de petróleo efectivamente exportado. “Lo que no se descuenta es el costo operativo”, indicó el ministro, para explicar por qué el ingreso considerado para exigir el cumplimiento de las inversiones estará por encima de los 45 dólares, salvo casos de caídas bruscas del precio internacional, como los períodos históricos antes mencionados.
“En ningún caso, la empresa deja de estar obligada a continuar con la inversión, lo que se acordó en el contrato es que se debe reprogramar –insistió el funcionario-. Ese ha sido el objetivo principal de este mecanismo”.
Auditoría ambiental
Otro de los focos de atención está puesto en el artículo inherente a la inversión ambiental, prevista en el artículo 7.4, que establece erogaciones de 20 millones de dólares en el período 2013-2017. Al consultársele si ese monto será suficiente para remediación ambiental, Cufré precisó que “esto no se ha establecido con un sentido de suficiencia. La operadora está permanentemente obligada (y tiene además un seguro de caución para ello) a remediar cualquier situación de impacto ambiental y debe resolverla sin importar el costo. Esto no es un monto para limitar la reparación. Se trata de un indicador de 20 millones de dólares, que es una obligación para invertir 5 millones anuales hasta 2017, pero además se celebra un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y la operadora para establecer la línea de base para la cual se habilita la intervención de una universidad nacional, que puede ser nuestra Universidad de la Patagonia, para que en función de esa auditoría se dirija la inversión. Se trata de un mecanismo nuevo, superador, que va a establecer plazos y objetivos concretos en materia ambiental”.
En cuanto a los 4 puntos de regalía adicional, más un punto desde el año 2017 para Petrominera y el fondo compensador de los sindicatos petroleros, Cufré evaluó que se trata de una “referencia muy alta para el resto del país y para nosotros mismos, significa un desafío para el equipo que sigue negociando el resto de las concesiones y para el control legislativo y de la ciudadanía misma, que se va a ejercer para que esto se cumpla. Se han fijado exigencias muy altas, que tendrán que sostenerse en los próximos contratos. Estamos seguros de que antes de fin de año habrá otras concesiones cerradas, como el caso de PAE, en el que estamos avanzando en las negociaciones para adaptar su contrato del año 2007, por lo que esperamos cerrarlo cuanto antes”.
