Un nuevo documento de los 8 ex secretarios de Energía de la Nación advierte que el país afrontará al finalizar el año 2011 un déficit de 3.000 millones de dólares en materia energética, como consecuencia de las importaciones, fundamentalmente de gas.
“Argentina, que en 2006 tenía un saldo comercial positivo para el sector energético de 5600 millones de dólares, terminará 2011 con un saldo negativo estimado de 3000 millones de dólares –sostiene el documento-; las importaciones crecerán en los próximos años mucho más, tanto en volumen como en precio; los precios internos deprimidos de la energía alentarán por su parte el crecimiento ya insostenible de los subsidios energéticos, que comprometerán recursos fiscales en un porcentaje elevado del PBI”.
Para “los 8”, el país dilapidó un camino recorrido entre 1907 y 1989, cuando finalmente se alcanzó el autoabastecimiento energético, lo que permitió por alrededor de 20 años producir más energía de la que consumía, por lo que podía vender excedentes y generar divisas en la balanza comercial.
Según el documento, los problemas se agravaron desde el año 2003 y responsabiliza directamente al actual gobierno por haber negado el problema (cuando comenzaron las señales hoy evidentes sobre la caída productiva en los yacimientos, falta de inversiones de riesgo, disminución de reservas y aumento sostenido de los subsidios), profundizando medidas que hoy llevan a un contexto de graves alcances:
“La dependencia de importaciones más caras tiene su correlato en subsidios más onerosos para sostener precios y tarifas internos que no recuperan costos. Esos subsidios energéticos, que el año pasado treparon a 26.000 mil millones de pesos, este año pueden llegar a duplicarse considerando lo sucedido en el primer trimestre –vaticina el documento-. Mucho más aún si se toman en cuenta los subsidios al transporte, que también son de raíz energética. Como los recursos fiscales no alcanzan y ahora se financian con impuesto inflacionario (emisión de billetes sin respaldo), se han transformado en un engaño a toda la sociedad. Para mantener la ficción de los precios y las tarifas congeladas mediante subsidios indiscriminados, las políticas populistas licúan el poder de compra del salario con más inflación”.
Y añaden:
“Los subsidios crecientes están destinados a cumplir varios roles simultáneos que deben ser puestos de manifiesto: 1) disimular ante la ciudadanía una mala gestión gubernamental; por lo tanto tienen un claro fin electoral evitando la protesta social; 2) disimular la falta de inversión privada con lo que quedaría en evidencia la falacia del “modelo en el sector”, imprescindible para la ampliación de la oferta y distrayendo fondos públicos de otros usos socialmente más productivos; 3) el hecho de que alcancen ya proporciones importantes respecto al PBI y con tendencia creciente debe ser entendido como sinónimo de que mantener su vigencia suspenderá la asignación de esos fondos públicos para la resolución de problemas crónicos que afectan a la sociedad en su conjunto y son de larga data”.
Por ello, llaman a todas las fuerzas políticas a acordar una agenda básica para afrontar el problema en el próximo gobierno:
“Las acciones correctivas difícilmente se logren sin un apoyo de la ciudadanía y para ello es necesario informar con transparencia. La verdad dista mucho del relato de ficción montado por el Gobierno. Nada justifica ni la declinación productiva persistente de nuestro sector de hidrocarburos; ni la caída de la inversión de riesgo; ni la dependencia externa del sector energético; ni la corrupción en gran escala; ni la falta de transparencia; ni la toma de los yacimientos por particulares ante la mirada pasiva de los funcionarios; ni los fondos públicos que consume el sector que impiden resolver grandes cuestiones fundamentales para el funcionamiento de la nación”.
El texto es firmado por Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat; Raúl Olocco
