La discusión energética necesita ampliarse y establecerse en canales consolidados, de ida y vuelta, ya que el debate excede los intereses de un gobierno de turno o los de un ámbito técnico o político determinado. Mientras las posibilidades de que un foro de esas características llegue a constituirse parecen lejanas, el debate tendrá que contarse con los escasos caminos virtuales que propone el análisis de la información. Mientras tanto, un invierno más en el que la noticia común es la falta de gas para industrias, o la creciente compra de este fluido al exterior.
Así por ejemplo, es posible apreciar en la declaración de los ex secretarios –un grupo que se ha conformado desde hace algún tiempo en foros promovidos por el Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi- el cuestionamiento a los subsidios de los precios de la energía, lo que deriva en una menor producción (por deterioro de la rentabilidad de las explotaciones en el país) y una creciente importación.
En efecto, las importaciones de gas durante el mes de junio alcanzaron un récord histórico, llegando a promediar la compra de 24,4 millones de metros cúbicos por día, a partir de las bajas temperaturas de la época invernal. Según informó el diario Ambito Financiero, nunca antes el país había comprado tanto.
En su defensa, el gobierno argumenta que la mayor demanda del fluido es un claro reflejo del crecimiento del PBI, a partir del aumento sostenido de la actividad industrial; y suma también en ese razonamiento a la incorporación de más hogares a las redes domiciliarias de gas.
En rigor, no habría que descartar a priori ese objetivo como componente fundamental de una política energética. Así como los ex secretarios plantean que en los 90 y hasta el año 2006 el país era superavitario en materia de energía, lo cual permitía la venta de gas a terceros países, no debería perderse de vista que mientras se exportaban grandes cantidades del hidrocarburo, en el país había una gran cantidad de hogares sin conexión a la red. De hecho, más allá del destacable incremento de un millón y medio de hogares a la red distribuidora, más de la tercera parte de la población carece del crítico fluido, lo cual significa que aún queda mucho por avanzar. Sobre todo, si se considera que quienes están excluidos del gas natural, deben apelar a la garrafa de gas envasado, que tiene un valor 5 veces más caro que el gas natural.
Ninguna de las posiciones debería excluir lo que la otra plantea: ampliar el acceso al hidrocarburo para mayores sectores de la población y para satisfacer la creciente demanda de la industria, no debería perder de vista el hecho de que el país cada vez depende más de las compras externas, ante la caída de la producción de sus yacimientos.
En ese punto entra en juego el otro elemento en pugna, que es el de los precios internos. Mientras la presidenta reivindica como política de Estado y un reflejo claro “de un modelo diferente” el hecho de que el gas argentino tenga un valor claramente inferior al resto de los países del mundo –la diferencia es cubierta vía subsidios del Estado- lo que cuestionan 8 ex secretarios de Energía de la Nación es precisamente el hecho de que los precios pisados desalientan la inversión para explorar más e incorporar nuevas reservas. Según ese análisis, el país se conduce cada vez más rápido hacia una dependencia absoluta del gas (y también petróleo, aunque con menor aceleración) importado. Al tiempo que los subsidios, que en 2011 podrían superar los 50.000 millones de pesos, se tornarían de por sí insostenibles, con lo cual la bomba activada podría explotar con una combinación letal para la economía: los precios externos terminarían impactando directamente en las tarifas que pagan los usuarios domiciliarios e industriales, en este caso con el consiguiente traslado a precios y una aceleración inflacionaria superior a la ya existente.
De hecho, en el discurso de la Presidenta, apuntalada por los funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación, no hubo alusiones concretas hacia qué planes hay para salir del esquema de subsidios o recuperar incentivos a la producción que recuperen mayores volúmenes de petróleo y gas en el país. Si bien hubo menciones a los programas “Plus”, estos no han sido suficientes para mostrar recuperos importantes en una estadística que cada año muestra niveles deficitarios más profundos.
También es destacable que las mayores inversiones en infraestructura, para construir los gasoductos que permiten ampliar la distribución de gas, son afrontadas por el Estado nacional, por lo que parece haber margen en ese ítem para convocar una mayor participación privada.
En definitiva, ambas posiciones parecen contener una pieza importante para armar el rompecabezas energético: no son las únicas, pero sólo en una ampliación y profundización del debate (en el que pocos aspirantes a la presidencia de la nación o a cargos legislativos parecen estar compenetrados) podría ayudar en la búsqueda de herramientas, a fin de evitar que el andamiaje termine por caer cual castillo de naipes.
