La renegociación entre YPF y Santa Cruz plantea un primer mojón de cara a lo que viene tras la nacionalización de la compañía. Por un lado, los términos de un acuerdo entre dos socios que definieron una prórroga, a través de un contrato del que no se conoce aún la totalidad de sus alcances. Es claro que para una provincia que afronta un déficit de 1.200 millones de pesos, según las proyecciones trazadas hasta diciembre, la perspectiva de 200 millones de dólares aparece como aire fresco, aunque con la contraparte de que ese canon de prórroga será pagado en cuotas y condiciones que todavía no se conocen con precisión, pero que en todo caso no serían desembolsados en lo inmediato. Asimismo, resulta sorpresivo el hecho de que la provincia deba pagar por su participación accionaria del 5 por ciento, para lo que debería desembolsar a su vez 60 millones de dólares, cuando supuestamente esa participación estaba dada por el nivel de reservas y producción de la operadora en el territorio provincial. No se sabe tampoco cómo se descontará o compensará el costo del “pasivo ambiental”. Por otro lado, si se proyecta la producción actual, aun cuando es baja y resultante de un proceso de desinversión de años (que derivó en el nuevo escenario de nacionalización), los valores de extracción de crudo dejan en baja proporción al canon: éste representa poco más de 2 meses de extracción de crudo. Para que el análisis no sea incompleto, resta conocer cuáles son los montos de inversión anual que compromete la operadora para incrementar la producción y el nivel de reservas. Por ahora, los elementos parecen insuficientes para una conclusión definitiva, pero van orientando el espejo hacia la parte norte de la cuenca del golfo San Jorge, es decir a la provincia de Chubut , que también ha recibido requerimientos de la operadora para comenzar a negociar.