El modelo de administración de los recursos petroleros a manos de las provincias, consagrado por la Constituciónde 1994 y concretado a partir de la llamada ley Corta de Hidrocarburos (26.197) se cristalizó en licitaciones de áreas llamadas “marginales”, que buscaron pasar aquellas áreas que no eran consideradas de importancia por las grandes operadoras, a fin de incentivar la exploración en busca de nuevos recursos y dar participación a capitales regionales, constituidos por actores no tradicionales del mercado petrolero, pero que buscaban sumarse. Los recientes hechos en Chubut, que ponen en duda la legalidad con la que se concretó un proceso por el cual se permitió a empresas permisionarias el no pago de un canon que debía abonarse al Estado provincial, a cambio de inversiones que debían realizar en sus planes exploratorios (los que, según un informe oficial que se reseña en esta edición, se ha realizado sólo en una mínima parte) pone en duda la eficacia de la/las provincia/as en el manejo de sus recursos. Hoy, en un contexto en el que YPF ha sido nacionalizada (51 por ciento de sus acciones son estatales, si bien sigue siendo una sociedad anónima con inversión privada) y algunas decisiones del gobierno nacional tienden a centralizar nuevamente el manejo hidrocarburífero, lo ocurrido es un antecedente a favor de quienes promueven volver a un régimen que limite la autonomía a las provincias en el manejo de sus recursos. De las acciones a adoptar de aquí en más dependerá la posibilidad de demostrar que la provincia puede manejar sus recursos. Además, si no se cumplieron las inversiones previstas, ¿hay causal de quita o reversión de áreas? ¿Es posible sostener un sistema que posibilita la compra-venta de concesiones entre privados, aun cuando no pagaron los cánones correspondientes y tampoco invirtieron lo que debían, a cambio de aquella compensación? Por otro lado, algunas áreas, está visto, no eran tan marginales, si se piensa que “Confluencia” es una de las que concentra hoy grandes expectativas en materia de no convencionales. “¿Junior?” Es el nombre que se dio a las empresas petroleras no tradicionales, en comparación a los “grandes jugadores”. Es de esperar que el mote no quepa además a las políticas de Estado que se requieren para resolver la ecuación energética.
Aclaración,en este juego de las areas marginales el gran jugador es «Petrominera»`pues a ésta delegó el Estado Provincial dichas áreas.
Pero Petrominera fue siempre un coto de caza para el manejo de cajas «políticas» por parte de los Poderes Ejecutivos de turno.
Petrominera no controla NADA, no explora ni explota, y las estaciones de servicio no tenían ni sistema de facturación legal ni control de caja, cuando se abrieron.
Es decir, los chubutenses tenemos aquí otro «agujero negro» si algún fiscal quisiera investigar.
Meza Evans cumplira´su fucnión o sólo es un títere del Poder Ejecutivo?