Fuentes de la industria aseguran que la compañía YPF, al igual que otras operadoras de la región, está cumpliendo con el abandono de pozos de acuerdo a lo que establece la Resolución 05/95, si bien esto no se estaría dando al ritmo que establece la norma. En efecto, según se lee en el texto legal, la totalidad de los pozos inactivos deberá estar abandonado en condiciones de seguridad 5 años antes que caduque la actual concesión, que para la mayoría de las compañías opera en el año 2017. El costo final sería varias veces millonario, si se considera que por cada pozo se habla de una suma del orden de los 80.000 dólares.
En cuestión de plazos, también la normativa exigía que se contara con el abandono total de los pozos en un plazo de 5 años posteriores a la vigencia de la Resolución, por lo que una estricta interpretación de la norma podría situar ese lapso a comienzos de la década pasada.
Lo que causó extrañeza en las declaraciones del ministro Garitano fue su afirmación de que no se puede exigir el cumplimiento de la norma a la compañía que se quedó con la ex YPF estatal, ya que fue interpretado como un mensaje de la autoridad de aplicación que resultaría contraproducente al objetivo de sanear el pasivo ambiental.
La ciudad de Comodoro Rivadavia está asentada sobre una locación con múltiples perforaciones, algunas de las cuales incluso están perdidas o su ubicación en las coordenadas resulta difusa. Según un informe publicado por diario Crónica el año pasado, en la época de la segunda guerra mundial se levantaron cañerías (se extraía el “casing” en pozos inactivos, para ser reutilizados) ante la falta de materiales: esto hace que en muchas perforaciones se pierde el rastro en los primeros 150 metros.
Lo que se necesita con urgencia, en definitiva, es un estudio en profundidad para determinar con precisión las ubicaciones de un gran número de pozos y a partir de allí establecer el rango de peligrosidad. En efecto, en muchos casos se advierte que la recuperación secundaria que se realiza en pozos de la zona podría derivar en afloramientos peligrosos en determinados puntos de la ciudad, pero en otros también podría evaluarse que, ante la escasa presión de las antiguas perforaciones, podría disminuirse el costo para los procesos de abandono. Vale recordar que si el proceso de abandono tiene un costo estimado en 80.000 dólares, si se cuentan al menos 2.400 pozos inactivos en el ejido urbano, se estaría hablando de una cifra superior a los 192 millones de dólares. Si bien es posible que a ese número habrá que restarle la cantidad de pozos abandonados en los últimos años, no hay dudas de que el costo final será igualmente importante.
Lo concreto es que queda mucho por hacer y el tiempo no sobra: si bien el ritmo
de abandono podría ubicarse en torno a los 80 a 100 pozos por año (en toda la
cuenca San Jorge), resta una gran cantidad para abandonar en los términos de
las condiciones de seguridad exigidas por la normativa.
