Por Raúl Figueroa) El próximo lunes los gobernadores petroleros se reunirán con la presidenta Cristina Fernández, quien los pondrá al tanto del proyecto de ley de Hidrocarburos por la que se buscaría regular la participación de las provincias en las asociaciones con YPF, definidas como sistema de “acarreo” en la jerga del sector. El tema es expuesto por medios nacionales como un intento de limitar la autonomía de los estados provinciales y la afectación de sus ingresos provinciales, mientras el propio Miguel Galuccio dijo en una conferencia de prensa días atrás –a la que asistió Suplemento Desarrollo, durante la presentación de los resultados del pozo shale de El Trébol- que sostiene el respeto a “la ley corta” y a la jurisdicción provincial sobre los hidrocarburos prevista por la Constitución Nacional.
El proyecto de ley en ciernes contiene dos ejes principales y apunta sobre todo a promocionar un régimen que atraiga inversiones para el aprovechamiento de recursos no convencionales. Con ese fin se impide a las provincias avanzar en aumentos de regalías por sobre el 12%, priorizando las adjudicaciones de áreas en base a compromisos de inversión (lo que reduce, por deducción, la exigencia de cánones de concesión o de puntos adicionales de regalías como condición para acceder). El segundo aspecto del marco normativo buscaría reducir la participación de las empresas provinciales de energía, que en casos como Neuquén y Mendoza han buscado atraer socios inversores externos para la explotación de recursos no convencionales o buscan asociarse a la operadora como condición para adjudicarle áreas, en porcentajes que varían entre 5 y 15 por ciento. “Si tenemos que cargar a una inversión de 15.000 millones de dólares un 20% adicional por el acarreo de una empresa provincial, se hace inviable cualquier proyecto –dijo Galuccio días atrás-. Es un sistema que de alguna manera va a dejar muchos proyectos por debajo de la definición de inversiones”. La referencia es al mecanismo por el cual las empresas provinciales pueden asociarse con la operadora, sin riesgos de inversión en la etapa exploratoria. En ese contexto, el CEO de YPF rechazó, sin embargo, las interpretaciones políticas y periodísticas que le atribuyen la intención de avanzar en contra de las autonomías provinciales: “YPF de ninguna manera estuvo ni está contra la ley corta, todo lo que está en el marco de la ley y de la Constitución lo vamos a respetar y más viniendo de una provincia como en mi caso, porque pienso que la ley corta es el modo de transmitir el poder concesionario a las provincias y esto es un acierto –dijo-. Luego, el acarreo de empresas provinciales no tiene que ver con la ley, sino con la capacidad de producir. Yo vine hace dos años para eso y he demostrado que puedo producir”. Desde Neuquén, el gobernador Jorge Sapag refutó en las últimas horas que petroleras internacionales como Exxon Mobile y EOG Resources, aceptaron la participación –bajo el formato de “acarreo”- de G&P (la petrolera estatal neuquina), por lo que rechazó el argumento de que ese sistema ponga en riesgo la rentabilidad de los proyectos.
La situación de Chubut: ya elevó regalías y cerró asociaciones con YPF
Para el ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, la nueva normativa no tendría afectación en Chubut, considerando que ya ha cerrado la prórroga de concesión con YPF y en la misma se acordaron regalías adicionales –de 3 puntos- en base al marco regulatorio de hidrocarburos. “Este es un debate que no nos alcanza plenamente, porque ningún ley es retroactiva y lo que hemos acordado no podrá ser modificado, si bien estamos de acuerdo en la necesidad de favorecer las inversiones en busca de recursos no convencionales”. De hecho, en el acuerdo de prórroga con YPF la provincia aceptó que las regalías podrían reducirse hasta un 10%, para favorecer la viabilidad de proyectos de alto costo (como lo son los no convencionales) o de áreas de frontera, en base a la cobertura legal que permite la ley nacional de hidrocarburos, 17.319, que posibilita reducir hasta un 5% esos ingresos provinciales. Asimismo, en Chubut ha habido una asociación (“no traumática”, podría decirse) de Petrominera con YPF en el área de El Tordillo, que es operada por Tecpetrol: esa participación se acordó cuando se renegoció la prórroga de áreas de la empresa nacionalizada, que a su vez tiene un 12% en la citada concesión del grupo Techint. “Nosotros no vamos a firmar nada que se contraponga al marco regulatorio provincial”, dijo ayer el gobernador Buzzi en su paso por Comodoro. Asimismo, desde esferas provinciales se enfatiza que los gobernadores de Neuquén y Mendoza habían pedido referencias a su par chubutense sobre el marco regulatorio de esta provincia, para avanzar en la captación de un mayor porcentaje de la renta petrolera, lo que se busca evitar a partir del mencionado acuerdo que se firmaría el lunes, para remitir el proyecto de ley al Congreso de la Nación. El borrador del acuerdo, al que este medio tuvo acceso, prevé en el primer punto el otorgamiento de plazos diferenciados (más extensos) para exploración y explotación de recursos no convencionales. Promueve unidad y estabilidad fiscal entre provincias y nación y en el punto 3, propone crear mecanismos de adjudicación de áreas “por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión en actividad exploratoria”, reduciendo así la posibilidad de una asociación sin aportes por parte de empresas provinciales. Además, “propone programas fiscales y tributarios, nacionales, provinciales y municipales, homogéneos y estables”.
