Tecpetrol: ecos desde Legislatura

Por Raúl Figueroa) El contrato firmado el miércoles 21 de agosto y que se prepara para ser debatido en Legislatura tendrá algunos puntos que serán especialmente cuestionados desde la oposición, pero fundamentalmente requerirán precisas aclaraciones el conjunto de la sociedad a fin de legitimar la negociación. De acuerdo a lo que pudo saber esta columna, el acuerdo tendría un artículo que fija un piso para el barril de petróleo situado en el orden de los 45 dólares, por debajo del cual, los compromisos asumidos quedarían en suspenso, para lo cual se deberían negociar planes alternativos. Como referencia, vale recordar que en la crisis financiera internacional del año 2008, el barril de crudo llegó a los 30 dólares.
Otro elemento que podría ser objeto de debate se vincula a las deducciones que pueden aplicarse a los ingresos percibidos por la concesionaria, que son los que rigen por ley nacional de Hidrocarburos, con lo cual un observador independiente hizo notar a esta columna que los 4 puntos (ó 5, si se considera el punto adicional que sumará Petrominera desde e 2017) resultarían en efecto inferiores a esos valores nominales, tal  como ocurrió en su momento con los “3 puntos de PAE”, que por aplicación de aquellos descuentos termina siendo de “1,8%”.
También la crítica formulada por el diputado Risso en la sesión del jueves último, en la que apuntó a una supuesta “cláusula cerrojo”, motivó a esta columna a indagar sobre el tema. En efecto, el legislador provincial estaría aludiendo a una cláusula cuya existencia puede inferirse a partir de las declaraciones de algunos protagonistas, particularmente cuando se habló del “blindaje” que se buscó para los 2 puntos adicionales que corresponden directamente a la   zona sur. Dicha protección se buscó particularmente ante la posibilidad de que hubiera cambios en la estructura impositiva nacional. Según pudo establecer este columnista en la gélida tarde del miércoles 20, indagando entre comensales –la mayoría, café en mano para apaciguar los rigores del clima patagónico- que aguardaban la firma del contrato, el contrato contendría un artículo en el cual la operadora pone a resguardo su obligación asumida por los 4 puntos adicionales, siempre que no haya aumentos en el valor de las regalías que establece la ley nacional 17.319. Es decir, siempre que el Estado nacional no resuelva elevar el actual 12 por ciento de regalías, al tiempo que también habría una alusión a la estabilidad fiscal en las estructuras provincial y de los municipios de la provincia, vinculados a aquella norma nacional. Dicha previsión sería la que el diputado Risso consideró una “cláusula cerrojo” en la sesión del jueves.
Otro aspecto controversial, surgido a la luz de la experiencia de la renegociación con PAE, es qué pasaría ante una eventual o hipotética futura venta de activos por parte de la concesionaria, considerando que su valor se eleva al lograr la prórroga. “Les permitieron a Techint el mismo negocio que a los Bulgheroni”, había manifestado el diputado Risso en referencia a este tema. La respuesta que preparan en el gobierno a este punto está dada por una previsión adoptada en la ley provincial de Hidrocarburos (ley XVII-102), en la que se estableció que las concesionarias deberán pedir autorización al Poder Ejecutivo de la provincia –por tratarse de un recurso estratégico- antes de ceder derechos o acciones en un porcentaje tal que impliquen un poder de decisión dentro de la dirección adoptada por la compañía.
Por último, también se planteará el debate alrededor de otros dos puntos de no menor importancia: la derivación de fondos para los sindicatos Petrolero y Jerárquico (el titular del primero estimó que el ingreso desde 2017 equivaldría a unos 5 millones de pesos anuales);  y la posibilidad de que desde 2027, Tecpetrol continúe operando el área por otros 20 años, en este caso como contratista de Petrominera, que se convertiría en operadora de las áreas en cuestión.
Desde el gobierno, hay confianza en rebatir estos argumentos y confían en que la renegociación de todos los contratos –después de todo, Tecpetrol opera menos del 20 por ciento de las áreas totales de la provincia- y la adaptación de las demás operadoras a estas previsiones, empiece a significar un ingreso adicional anual del orden de los 500 millones de pesos a las arcas provinciales, de los cuales la mitad irá hacia los municipios de la zona sur y el resto se distribuirá por el sistema habitual de coparticipación de regalías.