Por Raúl Figueroa) Si bien a nivel oficial se sigue aguardando a contar con el Marco Regulatorio para avanzar en la discusión de eventuales prórrogas en las concesiones de áreas vigentes en la provincia de Chubut, fuentes calificadas confiaron que en los últimos días se produjeron contactos con directivos de dos operadoras de la provincia, entre las que se encontrarían Tecpetrol y Enap Sipetrol. Se trata de un proceso de no rápida resolución, pero que se buscaría culminar en el año 2013, tomando los criterios impulsados por Comodoro Rivadavia en materia de regalías adicionales y reparación del pasivo ambiental en el ejido urbano.
Por ahora los encuentros tendrían un carácter preliminar, pero se habrían producido en ámbitos del Ministerio de Hidrocarburos. Asimismo, el intendente Di Pierro había anticipado el interés de que el Marco Regulatorio fuera tratado antes de fin de año, a fin de avanzar en la previsión de lograr mayores ingresos para las arcas comunales, por lo que estos primeros acercamientos descomprimirían parte de esa tensión entre el interés de Comodoro en torno a la regulación petrolera y las dificultades del ámbito provincial para definir la cuestión minera.
Tal como se informó en ediciones anteriores de Desarrollo, el municipio de Comodoro Rivadavia recibió durante 2012 alrededor de 150 millones de pesos en concepto de regalías, pero si se aprobara el nuevo sistema de reparto de regalías, por el que se buscan 4 puntos adicionales a fijar en los nuevos contratos, ese ingreso se elevaría en unos 300 millones de pesos, redondeando alrededor de 450 millones anuales.
Por ahora, sin embargo, se trata de proyecciones matemáticas que deberán pasar el duro proceso de negociación de prórrogas de los contratos vigentes. En Chubut operan Tecpetrol, Enap Sipetrol, Capsa, Sinopec, YPF y PAE.
La intención de incorporar un “bono por agotamiento del recurso” está prevista en el proyecto de marco regulatorio hidrocarburífero y minero, pero, por las resistencias especialmente planteadas contra esta última actividad, por ahora el gobierno dejaría el tema en el “freezer”, a la espera de otro momento político para intentar su tratamiento y aprobación.
Mientras el gobernador Buzzi reiteró en los últimos días que no hay apuro para tratar el proyecto y se espera “la madurez” del mismo, el intendente Di Pierro ha insistido en la necesidad de que el tema sea tratado antes de fin de año. Las diferencias se habrían zanjado con el inicio de una ronda de conversaciones para poner sobre la mesa la prórroga de las concesiones petroleras, en una mesa en la cual el municipio tendría a su propio representante, que sería el ingeniero Carlos Lambré, a quien el jefe comunal ha posicionado públicamente como el futuro representante municipal en el Directorio de Petrominera. Además, el mencionado funcionario es actualmente subsecretario de Hidrocarburos de la provincia, acompañando en la función al ministro Ezequiel Cufré, por lo que serían estos dos de los nombres que habrían empezado a contactar a las operadoras, en un principio para el requerimiento de información de carácter técnico.
Bajo esas condiciones, la ronda de contactos iniciada tendría por objeto desandar el camino de la renegociación, a sabiendas de que es un proceso que llevará un tiempo prudencial. Si paralelamente se aprueba el Marco Regulatorio, éste fijará los criterios para aquella negociación. Y si no, la discusión con petroleras se haría tomando algunos de los conceptos contenidos en aquel proyecto, especialmente en lo que respecta a la búsqueda de una mayor renta y la reparación del pasivo ambiental, que implica por ejemplo el correcto abandono de pozos en el ejido urbano de la ciudad.
La incidencia del “Petróleo Plus”
Si se trata de una instancia preliminar, hay voces que han comenzado a escucharse requiriendo participar en la discusión. Uno de ellos fue el nuevo secretario general de los petroleros, Jorge Avila, quien se apresta a asumir el 2 de enero y ya pidió silla en la mesa de discusión de los contratos petroleros.
En realidad el dirigente, quien venció a Mario Mansilla en una ajustada elección por algo más de 600 votos de diferencia, reclama una garantía que parece difícil de obtener en el contexto actual: “que los contratos no queden sujetos a beneficios como el Petróleo Plus”, pidió Avila, “porque después se caen y pagan el costo los trabajadores”, añadió.
Sin embargo, en el esquema actual de producción del país, con un sistema de precios con techos para que los precios internacionales no se trasladen directamente a los surtidores de combustibles, parece difícil de desatar aquel tipo de incentivos. De hecho el gobierno nacional lo suspendió en febrero último y no lo ha puesto nuevamente en vigencia, más allá del compromiso de volver a implementarlo.
El programa reconoce un mayor precio para el petróleo de exportación, que sin el beneficio queda en 42 dólares por barril, mientras que con el incentivo se llevaría hasta alrededor de 70 dólares. La diferencia es fundamental para saber qué pasará con los planes de inversión del año 2013, ya que por un lado no será atractivo el mercado de exportación, mientras que por otro el mercado interno tampoco tiene suficiente capacidad de absorción de todo el crudo producido en la cuenca San Jorge. Por ello, en la ecuación de las operadoras se contemplaría una menor extracción de crudo, acorde a la demanda interna, pero desestimando el volumen excedente para el mercado internacional.
En las últimas semanas habrían existido algunas discusiones tensas en torno a la perspectiva cierta de una baja de inversiones para el año 2013, en caso de que la Secretaría de Energía de Nación siga demorando la reactivación del programa. Funcionarios que trabajan de cerca con autoridades nacionales confían, sin embargo, en que el sistema de incentivos será retomado y con retroactividad a febrero de este año, normalizando la situación y posibilitando que el horizonte de trabajo no decaiga el año próximo.
Empresas regionales
También la Cámara de Empresas Regionales ha expresado su expectativa de sumarse a la discusión de las prórrogas, a fin de aportar su visión en el tema. En particular se busca que las nuevas concesiones otorguen estabilidad contractual a las pymes de la región, con plazos suficientes para la amortización de sus inversiones, por lo que la expectativa es que los vínculos se establezcan en lapsos de entre 3 y 5 años.
“La sumatoria de opiniones de todos los actores harán que la decisión final sea la más adecuada para el beneficio de todos los afectados en la región”, dijo Enrique Casares, secretario de la Cámara.
“Indudablemente, las decisiones trascendentales tan importantes como otorgar un nuevo periodo de concesión de un área donde lo que está en juego es el patrimonio de los chubutenses tienen que ser consultados los distintos actores sociales”, dijo el referente empresario, al coincidir en que también el sector sindical debería participar de la mesa de discusión.
