Según diversas estadísticas, más del 30 por ciento de los hogares del país no tiene acceso a las redes domiciliarias de distribución de gas.
Es uno de los grandes desafíos pendientes, pero la pregunta es cómo podría concretarse esa integración, si no se hizo antes, en tiempos de alta producción (cuando Argentina incluso llegó a ser exportador de gas) y cuando el precio mantenía una alineación internacional. Actualmente, con la producción en caída ininterrumpida desde el año 2004, con un deprimido horizonte de reservas y con precios que han quedado desalineados respecto del mercado internacional, resulta complejo vislumbrar cómo se podría incorporar a unos 15 millones de compatriotas a uno de los consumos que divide la línea de pobreza. Paralelamente, el país importa gas en forma creciente, a precios de entre 8 y 10 dólares por Millón de BTU. En cambio, el subsidio para consumidores residenciales sitúa ese valor en 50 centavos, en 2 dólares para usuarios industriales y en 5 para los consumos provenientes de proyectos denominados “Gas Plus”, que son los de menor incidencia en el total. Esto ha alterado no sólo la ecuación económica que hace menos viable una dinámica exploratoria que revierta los índices negativos, sino también que obliga al Estado a aportar recursos crecientes para paliar el déficit. En el medio, quedan evidencias de lo que hay por corregir: los precios deprimidos a favor de ciertos sectores motiva un consumo energético ineficiente (las veredas calefaccionadas en bares porteños es un ejemplo de esto), al tiempo que, pese a lo que se pretende desde los argumentos políticos, pagan más caro quienes menos pueden. La corrección de tales distorsiones en la política energética también será un indicador clave a la hora de evaluar la inclusión que impulsa el gobierno nacional desde sus postulados.