Uno de los ante proyectos que tomó forma para la emergencia impositiva, a partir del planteo de gremios estatales, apunta a crear un fondo de emergencia en base a un adelanto extraordinario de regalías (hidrocarburíferas e hidroeléctricas) equivalentes al 20% de lo liquidado. En realidad, se trataría de un impuesto adicional, ya que la condición para considerarlo “pago a cuenta” resulta casi incumplible por los mismos parámetros fijados en el proyecto. Una consecuencia directa podría derivar en un recorte similar de las inversiones en la provincia.
El borrador por el que la mesa sindical apunta a captar fondos a través de un sistema impositivo de emergencia, es catalogado como confiscatorio en ámbitos empresarios y podría derivar en una serie de consecuencias legales y productivas de signo negativo para la provincia. De allí que tanto en despachos legislativos como en el Ejecutivo se advierte que no hay consenso para avanzar en una iniciativa de estas características, o al menos no con los alcances que plantea el borrador que circula en las últimas semanas.
Para captar regalías en forma anticipada, esa propuesta consideraría dicho monto como un anticipo del pago anual, siempre que al momento del cómputo se compruebe un incremento de producción del 5%, tomando como base los indicadores del año 2014. Como se trata de un año de alta producción en términos históricos, previos a la crisis del mercado internacional, no hay proyección de que esos volúmenes puedan superarse en el corto plazo (y menos aun con la perspectiva de merma en la producción que provoca la paralización de perforaciones por los piquetes que frenaron la actividad).
En la práctica, podría darse la siguiente ecuación con una norma de ese tipo: si se anticipa un 20% de regalías en forma extraordinaria, lo que redunda en un monto estimado en 80 millones de dólares tomando como referencia el ingreso del año pasado, ese monto podría ser descontado por las operadoras de su plan de inversiones. Aplicando el mismo porcentaje sobre lo proyectado para el año en curso, que son 1.100 millones de dólares según lo declarado ante la Secretaría de Energía de la Nación, se podrían descontar alrededor de 220 millones de dólares. En esa ecuación, sería mucho más lo que se pierde en términos de actividad laboral y cadena de proveedores, que lo que se gana con afán recaudatorio.
Más allá de estas consideraciones específicas para el ámbito petrolero en particular, la iniciativa avanza también sobre otras actividades productivas privadas que hoy siguen generando actividad económica en la provincia. Lo que parece estar en discusión es si el Estado debe incrementar su afán recaudatorio, aun a riesgo de perder por otro lado indicadores productivos que aun con dificultades siguen en marcha, o si se avanzará en una discusión profunda para incrementar la matriz productiva en la provincia.
Desde esa perspectiva, la generación de empleo genuino, de calidad, para cobrar impuestos de forma estable y previsible, es una alternativa que tal vez lleve más tiempo debatir y definir, pero que resulta más sustentable que incrementar la voracidad fiscal y perder algunas de las pocas poleas de empleo privado que siguen moviéndose –aun con las dificultades enmarcadas en un contexto de país que tampoco ayuda en nada- en Chubut.
