Por Raúl Figueroa) Los alcances del contrato de prórroga para que Tecpetrol continúe operando las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga en la provincia de Chubut, se basan en la ley provincial de Hidrocarburos aprobada por la Legislatura el 27 de diciembre del año pasado, en el que se fijan las condiciones generales para las concesiones hidrocarburíferas en la provincia.
Dicho marco establece la base sobre la cual se plantea una mayor exigencia de renta a favor del Estado provincial. En efecto, el artículo 68 de la norma establece: “Considérese Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable a la contraprestación que el Estado Provincial recibe en dinero por la explotación de los recursos hidrocarburíferos de su propiedad, como compensación por su agotamiento, con el objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva”.
A continuación, la ley añade el monto de dicho bono: “El importe a pagar en concepto de Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable será del 4% del Valor Boca de Pozo, definido en iguales condiciones que en el artículo anterior”.
Debate en Legislatura
Si bien la norma tuvo modificaciones en la redacción, en la que se habla de “entre 3 y 4 puntos”, dependiendo de los yacimientos, el marco legal que se toma para la exigencia de mayor renta surge de ese concepto.
De este modo, la fundamentación del proyecto por parte del ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, que afrontó esta instancia junto a integrantes del bloque del FPV y la semana próxima ocupará la banca 28 para responder preguntas de todos los bloques –en una virtual interpelación- apunta a demostrar que hay una “mayor captación de renta” por parte del Estado provincial.
Dentro del debate legislativo, desde la oposición se plantea que estas disposiciones no tienen alcance para imponer condiciones a las operadoras. “El modo en que se reglamentó esta ley impide que sea un marco regulatorio y asegure la mayor renta para la provincia, no hay nada de esto”, asegura el diputado provincial Roberto Risso, quien sostiene además que tampoco habría margen para obligar a PAE a renegociar el contrato del año 2007. “Lo que dice la norma es una declaración unilateral y la operadora no está obligada a aceptar la renegociación –plantea el legislador opositor-, para eso se tendría que denunciar o anular el contrato firmado en el año 2007”.
Sin embargo, el ministro Ezequiel Cufré aseguró ayer a los legisladores de su bloque –en sintonía con los argumentos que sostendrá la semana próxima al ocupar la banca 28- que una cláusula específica del contrato plantea la exigencia del bono compensador equivalente a 4 puntos de regalías, algo que la operadora está dispuesta a firmar, según los avances en la negociación. Del mismo modo, desde el ámbito gubernamental se asegura que todos los demás contratos tomarán como base esta primera experiencia, incluida la renegociación con PAE para adecuar su contrato a la exigencia de los 4 puntos adicionales –por aquel contrato de 2007, la operadora paga 3 puntos pero con posibilidad de aplicar descuentos impositivos-.
El ingeniero Carlos Lambré, quien es representante del Municipio de Comodoro Rivadavia en el directorio de Petrominera, describe los objetivos que tuvo el gobierno local a la hora de tratar dicho ingreso:
“Ese porcentaje puede variar entre 3 y 4 por ciento, depende del tipo de yacimiento y de la renegociación que se esté llevando adelante. Nosotros, alineados con la postura de la provincia en el sentido de que el recurso es nuestro, lo que buscamos desde el punto de vista del Estado municipal de Comodoro Rivadavia y que incluye a todos los municipios que están afectado por la actividad petrolera en la cuenca del golfo San Jorge, ha sido primero que haya mayor actividad, lo que se logra con inversiones, lo que a su vez garantiza continuidad para la gente que está trabajando. Luego pedimos que se incremente el trabajo para lograr el desarrollo de reservas posibles y probables, lo que incluye inversión en otros equipos para desarrollar esa reserva y hacer que la actividad sea sustentable en el tiempo. Además, buscamos que el porcentaje que corresponde a la zona sur (la mitad de los 4 o los 3 puntos adicionales) esté garantizado, es decir que nadie pueda modificar ese ingreso en el futuro, porque es muy importante para los municipios de toda la zona y particularmente el de Comodoro, que es el de mayor población”.
En igual sentido, el mismo Lambré afirma que la experiencia de PAE en el 2007 permite hoy mejorar aspectos de la negociación, pero advierte: “Hoy es fácil criticar ese contrato, que seguramente es perfectible, pero lo cierto es que si no se hubiera firmado, con la crisis que hubo en 2008 hoy estaríamos todo pescando, porque al menos ese contrato posibilitó que la actividad continuara en todos estos años”.
