Decreto 1.277: ¿las provincias pierden protagonismo?

El reciente Decreto 1.277, emitido por el gobierno nacional el 27 de julio último, establece una serie de alcances que podrían tener profundos impactos en el manejo energético y en la ecuación productiva de las cuencas petroleras del país, por lo que la norma abre un debate en el que se plantea la posibilidad de que las provincias pierdan el manejo de los recursos, consolidado porla Constituciónde 1994 y cristalizado a partir de la sanción de la llamada “ley corta”, para volver a ser centralizados por el Estado nacional. Por: Raúl Figueroa
El decreto ha sido presentado como la reglamentación de la ley número 26.741 (la que dio marco legal a la expropiación y nacionalización del 51 por ciento de las acciones de YPF, en mayo de este año), que en su primer artículo declaró de interés público nacional, y como objetivo prioritario, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Entre los argumentos de la norma, se menciona como objetivos principales de la política energética del país “la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; y la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo”.
Con esa finalidad, el decreto propone, citando artículos dela ConstituciónNacionaly de la ley 17.319 (Ley Federal de Hidrocarburos), la articulación de estrategias de manejo centradas en el Estado, por lo que postula la creación del “Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que tendrá como ejes estratégicos el incremento y la maximización de las inversiones y de los recursos empleados en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo”.
Para ello, la norma crea la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, ante la cual las operadoras petroleras de todo el país deberán presentar su plan de inversiones para el próximo año, con un plazo que vence el 30 de septiembre de cada ejercicio.
Esa Comisión tendrá la facultad de aprobar o rechazar el plan de inversiones, de acuerdo con sus propias metas, ya que el organismo deberá establecer los presupuestos mínimos de cada año a fin de alcanzar el abastecimiento energético.

Escenarios posibles

La pregunta que se hacen algunos observadores consultados para este informe, en relación a este punto, es: ¿podría darse el caso de que se restrinja inversión en un área y se exija incrementar en otras? Por caso, podría considerarse desde esa perspectiva central que la extracción de crudos pesados del golfo San Jorge, que generan excedentes de exportación, puede atenuarse a fin de exigir una mayor inversión en áreas del norte, por ejemplo para incrementar la inyección de gas en algunas zonas como la provincia de Salta. ¿Esto implicaría reacomodos de equipos de perforación en Chubut y Santa Cruz, con el consecuente impacto en la mano de obra ocupada? Sobre el mismo tópico, otros evalúan que tampoco el Estado nacional podría prescindir hoy de los recursos que generan las retenciones sobre la exportación de petróleo, por lo que consideran que ambas posibilidades se anulan entre sí.
No obstante, ambos supuestos son una muestra de los reacomodos que podrían producirse, de acuerdo con las facultades otorgadas por el decreto a la citada comisión, que estará integrad por los Axel Kicilof, Guillermo Moreno y Daniel Cameron.
Por otro lado, el decreto también crea un régimen sancionatorio, por lo que ante incumplimientos del plan de inversión propuesto las penalidades pueden llegar incluso hasta la quita de las concesiones. Si bien en la norma se hace alusión a la participación de las provincias en la aplicación de los castigos,la Comisión por sí misma podría llegar a avanzar en la quita de una concesión; este punto entra en directa contradicción con la ley corta de Hidrocarburos, que concedió precisamente a los Estados provinciales la potestad sobre el manejo del recurso.
“El decreto es muy amplio –advierte un observador, integrante dela OFEPHI, que prefiere mantenerse en el anonimato-: dependiendo de hasta dónde estén dispuestos a llegar los funcionarios nacionales, podría ocurrir que directamente el poder de decisión se concentre en Nación y las operadoras empiecen a prescindir del diálogo con las provincias”.

Desde Neuquén se elevan las primeras quejas

Fue desde la provincia de Neuquén desde donde se oyeron las primeras críticas al decreto 1.277, ya que si bien el gobernador Jorge Sapag no se ha expresado claramente aún, sí han trascendido posicionamientos contrarios en cuanto a que consideran un avance sobre la jurisdicción que la “ley corta” el había transferido a las provincias para manejar el petróleo y gas. El dirigente petrolero Guillermo Pereyra, quien además es integrante del Directorio de YPF en representación de los trabajadores, quien expuso abiertamente su crítica al señalar en las últimas horas que “el decreto viola abiertamentela ConstituciónNacionla” y convocó a las provincias dela OFEPHIa accionar en contra de la norma.

Neuquén se posiciona como la “estrella” de la nueva etapa de YPF, ante las expectativas planteadas en torno a los recursos no convencionales de petróleo y gas en la formación “Vaca Muerta”; concretamente, el nuevo escenario posibilita al viceministro Axel Kicillof el manejo y la decisión sobre las inversiones, precios y metas de producción en cada una de las áreas petroleras del país.

En Chubut hubo una declaración formal del gobernador Buzzi, quien quitó entidad a las versiones que daban cuenta de una “intervención” del mercado petrolero y lo encuadró en el marco de la planificación estratégica que debe asumir el Estado nacional. Sin embargo, otras fuentes del mismo gobierno provincial creen que hay un riesgo cierto de que las decisiones se concentren enla Nación, con lo cual las provincias perderían injerencia en la discusión.

Más optimista, el gobernador santacruceño Daniel Peralta sostuvo ante la consulta para Desarrollo que el decreto potenciará las inversiones en su provincia y que de ningún modo vulnera los alcances de la ley corta:

“El decreto 1.277 lo abordamos desde nuestra ley marco de concesiones petroleras, creemos que el decreto no la invalida, al contrario viene a contribuir a la exigencia de inversiones; y como la principal operadora de Santa Cruz es YPF, nosotros vemos bien que el gobierno nacional, en una empresa virtualmente nacionalizada, opere en consecuencia; no le veo problema, no hay un avance sobre la autonomía de la provincia y la ley está antes que el decreto; de todos modos creo que hay que darle tratamiento en el marco dela OFEPHI, para compulsar la opinión de todos los gobernadores de las provincias productoras”.