La distribución de gas –y por lo tanto, de energía- es sinónimo de distribución de riqueza. La denegación del acceso a este insumo –en cualquiera de sus fuentes: electricidad, gas o alimento- es postergación y pobreza. El mapa del país muestra hoy cómo la energía sigue siendo una entelequia para más de 14 millones de personas que deben pagar garrafas de gas a un precio mucho más alto que quienes lo reciben por redes domiciliarias. Los últimos 20 años reflejan que aun cuando en algunos períodos hubo grandes volúmenes de gas, niveles históricos de reservas hidrocarburíferas y exportaciones de petróleo y gas que implicaron buenos dividendos para operadoras y para la balanza comercial del país, el acceso a la energía ha seguido siendo denegado para la tercera parte de los hogares argentinos. Hoy, además, el sector industrial que ha comenzado a reactivarse ve amenazada esa perspectiva por los recortes en el suministro de gas, que no alcanza para satisfacer la totalidad de la demanda.
La política de subsidios ya no alcanza para, supuestamente, proteger a los más débiles: estos pagan cinco veces más por una garrafa que, además, no consiguen con facilidad. Y la creciente dependencia de la importación de gas exige revisar a qué sectores favorece la subvención estatal para que no impacten los precios internacionales en el mercado interno. ¿Deben seguir siendo subsidiadas industrias que exportan buena parte de su producción y, por tanto, se benefician con precios internacionales al momento de vender, pero son protegidas al momento de pagar sus insumos? ¿Debe subvencionarse el gas en sectores residenciales con capacidad de pago suficiente para consumos suntuosos? ¿Cómo se distinguirá a operadoras que invierten en exploración y a aquellos que no lo hacen? El país se queda sin reservas y, la respuesta, de seguir esta tendencia, será una sola: la creciente dependencia de la importación de gas y petróleo no dejará margen para ensayar nuevas preguntas.