La audiencia pública desarrollada este martes 26 F en Ciudad de Buenos Aires dejó sentadas las bases sobre la que se trazarán los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural a partir del próximo mes de abril. Mientras las empresas distribuidoras solicitaron un aumento que superaría el 35%, desde el gobierno se plantea que el tope no supere el 30%. Aquí tres claves para tener en cuenta en la discusión que se dará en las próximas semanas:
1) La revisión tarifaria se hace cada seis meses. El último fue en octubre de 2018 y significó un aumento que en la región patagónica fue superior al 30% y, según las categorías de consumo, pudo oscilar en los siguientes valores: en aquel momento, la categoría R1 (de menor consumo) pasó de un monto promedio de 180 pesos hasta los 300 pesos mensuales, según un informe de Camuzzi Gas del Sur. La categoría R3-1, que nuclea al mayor porcentaje de usuarios en esta región pasó de un monto mensual de 580 hasta los 850 pesos promedio. Los de mayor consumo, habían pasado de un promedio de 1.450 a 2.000 pesos mensuales, con un incremento de 550 pesos promedio mensual.
2) El nuevo porcentaje de incremento se discutirá en las próximas semanas entre las autoridades de aplicación, tras haber recogido las inquietudes de las partes intervinientes durante la audiencia pública realizada este martes. Vale recordar que el precio en la tarifa se compone del valor del gas en boca de pozo, transporte y distribución. Una segmentación de la tarifa permite distinguir los siguientes factores de incidencia: El 53% de la factura corresponde al gas como molécula, un 25% a impuestos; 13% remuneración de Camuzzi por el servicio de distribución. Y un 9% le corresponde al sector de transporte del fluido.
3) La Defensoría del Pueblo de la Nación expresó hoy –en la audiencia pública por el incremento de las tarifas del gas que se desarrolló en el Centro Metropolitano de Diseño de CABA – que “no podemos someter a los usuarios a nuevos incrementos tarifarios ni puede suponerse que los mismos están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes. El ENARGAS debe realizar una adecuada evaluación que permita ponderar el impacto en las economías familiares, que no se limite al conjunto de asalariados, sino que consideren niveles de actividad, salarios y jubilaciones entre otras cuestiones”, concluyó la representante legal del organismo.
