Ley de emergencia: petroleras rechazan anticipo de regalías y canon eólico

 

El proyecto de ley de emergencia, que apunta a recaudar recursos adicionales durante un año en sectores económicos que explotan recursos naturales en la provincia, comenzó a generar preocupación en ámbitos empresarios, particularmente en torno a la industria petrolera. La iniciativa podría tener ingreso formal este jueves en la sesión de la Legislatura y de allí será derivado para su tratamiento en comisiones, pese a que los gremios estatales esperan un tratamiento inmediato, ya que generaría fondos frescos para atender sus reclamos. Sin embargo, la discusión será sinuosa y ya se escuchan argumentos en contrario.

Desde el Ejecutivo Provincial, por otra parte, se observa con recelo lo que pasa en el terreno legislativo. Si bien el gobernador Arcioni impulsa una iniciativa similar, la diferencia principal es que su idea apunta crear un fondo fiduciario (lo cual significa que compromete una devolución posterior) a conformarse por aportes voluntarios del sector empresario, para lo cual algunos miembros de su gobierno tuvieron reuniones la semana pasada en Buenos Aires, con representantes del sector petrolera. En esas primeras aproximaciones, las respuestas hasta ahora han resultado negativas, aunque en el gobierno sostienen que se sigue dialogando.

En el proyecto de los diputados del FPV, como ha informado esta agencia, se establecen aportes obligatorios, que en el caso del ámbito petrolero requiere un anticipo de regalías del orden del 20%, a recaudar durante un año y a devolver a partir de que las operadoras incrementen su producción en cinco puntos comparados contra la producción del año 2014, que fue una de las más altas en la historia de la provincia.

Argumentos petroleros en contra

Desde ámbitos petroleros se inició un análisis sobre alcances del proyecto, sobre el que cuestionan particularmente el cambio en las regulaciones para la actividad, particularmente en lo que refiere a regalías e impuestos. “La cuenca San Jorge tiene costos operativos superiores a las de otros lugares del país, por su alta madurez –señalaron los interlocutores petroleros la semana en las charlas de la semana pasada- y si bien hoy mejoran las condiciones por la suba del precio, no se pueden cambiar las reglas de juego otra vez. O hacemos inversiones para sacar petróleo o financiamos a la provincia”, fue uno de los comentarios escuchados.
“Esta es una industria que necesita previsibilidad en las reglas de juego y proyectar a largo plazo, con estabilidad tributaria para garantizar los planes de inversión –reiteraron en las últimas horas, tras leer el borrador del proyecto legislativo-. Este tipo de iniciativas va en sentido contrario a los incentivos que se necesitan y en contra de la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías”.
De ese modo, en caso de que el proyecto avance, en el sector empresario se preparan para plantear la inconstitucionalidad del artículo 4 del proyecto, que prevé un anticipo de regalías del 20%.
“La provincia no puede regular en materia de regalías hidrocarburífera por ser materia federal –señalan en los despachos de las operadoras, ya que la ley 17.319 prevé que los pagos son mensuales y tampoco elevar la alícuota más allá del tope de esa ley, que es el 12”.
En ámbitos del Ejecutivo se hizo un análisis similar sobre algunos aspectos, señalando que “puede haber alcances inconstitucionales, pero si el proyecto sale aprobado veremos qué dicen los dictámenes de las comisiones en que se trate”, fue la mesurada opinión de uno de los miembros de la mesa chica gubernamental, al ser consultado por esta agencia.

En contra de las regalías eólicas

El proyecto en cuestión también prevé una regalías del 5% sobre la generación eólica. Sobre este tema en particular las petroleras también pondrán el ojo, ya que la mayoría de las operadoras está desarrollando proyectos de generación eólica. En este punto, el planteo apunta a que una norma de este tipo sería contradictoria con la ley 27.191, que prevé el fomento para el uso de fuentes renovables de energía, a la que ha adherido la provincia de Chubut. Este tema fue especialmente consultado por ADNSur a autores del proyecto, quienes sostienen que en la idea del proyecto se apunta a gravar temporalmente (un año, el mismo plazo que para el resto de las actividades, lo que cuenta con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según fundamentaron) a los parques pre existentes a la ley de fomento, conocida también como “ley Guinle”, ya que estos cuentan incluso con tarifas más altas que los parques que se proyectan actualmente y que están en etapa de ejecución, los que no serían alcanzados.
En todo caso, la discusión por el proyecto apenas está comenzando y está claro que no será un camino sencillo, en el marco de una emergencia en la que se buscan alternativas para sanear una crisis que amenaza con paralizar a toda la provincia y no sólo a los sectores estatales.

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