YPF rechazó el amparo dispuesto por jueza laboral y advierte grave riesgo para sus operaciones en Bella Vista Sur

Por Raúl Figueroa) La operadora YPF apeló esta semana en contra de la medida cautelar que nuevamente se emitió desde un juzgado laboral de Comodoro Rivadavia, imponiendo un freno al proyecto de  exploración y explotación de hidrocarburos en la zona Bella Vista Sur, del yacimiento Zona Central-Cañadón Perdido de Comodoro Rivadavia. Se trata de una disputa planteada por vecinos del barrio 64 viviendas de Los Tres Pinos que, en base a temores vinculados a presuntos riesgos para el ambiente, cuestionan la perforación de pozos dirigidos que la operadora apunta a realizar en esa zona, que permanece en explotación desde la primera mitad de la década del 80. En la respuesta, la compañía sostiene que la medida dispuesta por la jueza interviniente pone en riesgo la actividad vinculada a un centenar de puestos de trabajo, sin que se den los fundamentos necesarios para una decisión que podría acarrear graves consecuencias.

Los términos del recurso de amparo presentado por los representantes legales de los vecinos del barrio, que en su mayoría se desempeñan en la actividad petrolera, son llamativos, ya que además de requerir la suspensión de trabajos –el proyecto se encuentra en etapa de obra civil y no ha iniciado aún la tarea de perforación- solicita se ordene al Ministerio de Ambiente y a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que retire la concesión de explotación dentro del ejido urbano, en el área identificada como “Desarrollo Bella Vista Sur” en el activo Campamento Central.
Uno de los temas a dilucidarse en la discusión de fondo es si cabe ese tipo de planteo, en tanto la actividad petrolera se desarrolla con anterioridad al avance urbano sobre el lugar. Pero además, se pone en duda toda la estructura organizativa de actos administrativos por los que el Estado otorgó con anterioridad las concesiones para la actividad hidrocarburífera, según se plantea en la respuesta.

No obstante, fuentes de la industria expresaron que tampoco resultó llamativo que el Juzgado Laboral de la doctora Iris Pacheco hiciera lugar a la medida cautelar, ya que con anterioridad ha ordenado suspender trabajos en el pozo exploratorio 914, de El Trébol y en una actividad similar en el proyecto denominado “La Greta”, en zona de Río Mayo (en estos casos, los proyectos se vinculan a explorar la presencia de recursos no convencionales). La Cámara de Apelaciones ha dejado sin efecto el fallo de primera instancia, en un pronunciamiento en el que el tribunal de rango superior cuestionó la falta de fundamentos de la medida resuelta en primera instancia.
En esta nueva oportunidad, los argumentos con los que se promueve el amparo y se ordena la suspensión de trabajos se basa también en principios generales emanados de la Constitución Nacional, vinculados al derecho a la salud y al ambiente. Señalan los vecinos que firman el amparo que las reuniones con autoridades de la compañía, del ámbito municipal y provincial concluyeron “sin que nos hayan dado respuesta alguna que amerite el resguardo de nuestros derechos constitucionales”, en relación al nuevo proyecto en el que YPF apunta a perforar nuevos pozos para incrementar la producción del área.
Riesgo para un centenar de puestos laborales

La respuesta de la compañía ha advertido que el proyecto para establecer una locación múltiple de pozos dirigidos se realizará en cumplimiento de las normas ambientales y estrictos procedimientos para adoptar los recaudos técnicos que exige la actividad, aclarando que hoy se encuentra en la etapa previa de realización de la obra civil. Esta consiste en la elaboración de un muro para aislar la locación, de modo tal que las bombas de extracción no quedan a la vista (además de su insonorización) en un predio en cuyo perímetro exterior (del lado de afuera del muro) se incluye además la integración urbanística del lugar, a través del equipamiento para la realización de un paseo aeróbico.
En cuanto al proyecto de locación múltiple, la operadora aduce en su respuesta que el Estudio Técnico de Impacto Ambiental ha sido presentado al Ministerio de Ambiente de la provincia el día 3 de agosto último, encontrándose aún en etapa de evaluación.

En cuanto a la medida cautelar dispuesta por la jueza, la respuesta de YPF aduce que dicha medida que ordena suspender tareas está decidiendo sobre el fondo de la cuestión –sin haberse dado lugar a la argumentación de la parte demandada en forma previa-, lo que a su vez “produce efectos irreparables”, ya que de mantenerse la decisión en esos términos, “si se detiene toda la actividad futura del proyecto Bella Vista  Sur, pero manteniendo la producción actual, el impacto que tendríamos sería el siguiente :
-Producción: 1.761.571  boe;
-Regalías e ingresos brutos por: $ 182.245.489;
-Inversiones por: $ 427.403.664;
-Personas afectadas: más de 100 personas”.

Aportes realizados en base a la renegociación de concesiones
En el marco de la reciente renegociación de sus concesiones en la provincia de Chubut, YPF ha firmado además un acuerdo adicional con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del que realiza un aporte adicional de un 1% sobre los montos de inversión de los distintos proyectos a impulsar con miras a incrementar la producción. En base a ese convenio, la compañía ha aportado un total de 3 millones de dólares que el municipio ha destinado a la inversión en obras de redes de gas para sectores urbanizados en la misma área de incidencia del proyecto, como parte de la redistribución de renta generada por la actividad en la región.
Por ello llamó la atención en ámbitos empresarios y estatales la celeridad para ordenar la paralización de trabajos, cuando en realidad no hay fundamentos técnicos para suponer riesgos para la salud o el ambiente a partir de las perforaciones dirigidas. “Si esto fuera así, el mismo riesgo lo estarían corriendo los trabajadores que cada día suben a realizar sus actividades y sin embargo ellos saben que, con los recaudos técnicos necesarios, la industria garantiza seguridad y el Estado está para controlarlo”, confió uno de los funcionarios del área.
Desde la operadora esperan el resultado del litigio judicial para determinar si evaluarán toda la estrategia prevista para profundizar la actividad en la región, considerando que con este tipo de situaciones se contradice la decisión política adoptada a nivel nacional, que apunta a recuperar el auto abastecimiento energético del país.
Según la respuesta que los jueces ahora tendrán que evaluar, administrativos es iuris tantum, del análisis “de meras afirmaciones no probadas aún”,  no surge la falta de legitimidad sobre los actos que derivaron en la concesión y la posibilidad de impulsar el proyecto en el área de referencia, añadiendo expresamente que “el magistrado en momento alguno efectúo un análisis siquiera superficial de la totalidad de la normativa involucrada”.

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