En la misma semana en que se conocieron resultados de la política hidrocarburífera de la provincia de Chubut, se escucharon también ecos de la profundización de una suerte de crisis permanente de las empresas contratistas regionales. Mientras los diarios de todo el país informaban sobre el hallazgo de YPF en Neuquén, que de comprobar los indicios positivos se transformaría en un aporte importante pero no suficiente para revertir las deterioradas reservas hidrocarburíferas del país, el esceptiscismo y la situación palpable de muchos actores del sector (un claro ejemplo es lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz y los conflictos que se sumaron esta semana en Chubut) marcaban un claro contraste. Los 10 pozos exploratorios previstos por el grupo Bridas para este año en el golfo San Jorge, si bien representan un salto importante en relación a los últimos años, no deja de relativizarse ante los informes que, en base a estadísticas oficiales, dan cuenta de cómo el país ha avanzado hacia la pérdida de su autoabastecimiento energético (algo que no podrá compensar el crecimiento de la cuenca San Jorge por sí sola). Las disonancias son claras y resuenan en el horizonte de un país cuyos gobernantes aseguran que hay una política energética de fondo, pero que sin embargo deja abiertos grandes interrogantes: urge un programa para los próximos 10 años, con acuerdo de todas las fuerzas políticas del país y fuerza de ley, para dejar de depender de golpes de suerte en el mercado internacional o de estrategias empresarias que no tienen la obligación de coincidir con el interés general de todo un país.