Emergencia petrolera en Santa Cruz: la norma prohíbe despidos sin causa por 180 días

Por Raúl Figueroa) La emergencia pública en materia de Hidrocarburífera declarada recientemente en la provincia de Santa Cruz, con vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, prevé “la revisión y control de los compromisos de inversión a los que están obligados las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”, según consta en el primer artículo. Además, prohíbe despidos sin justa causa y exige recuperar niveles de actividad para sostener el empleo.

El segundo inciso establece la exigencia para las empresas permisionarias y concesionarias “la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan sostener el empleo”.

Asimismo, la norma promueve acuerdos “con las empresas concesionarias, que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”.

La ley ordena crear el “Consejo Provincial Hidrocarburífero, que estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, Legisladores provinciales que representen proporcionalmente la composición de la Cámara de Diputados”, además de intendentes y comisionados de Fomento, que deberán “discutir la política hidrocarburífera provincial, problemáticas en temas laborales, ambientales y otros temas inherentes a esta actividad”. El Consejo podrá convocar a representantes de Universidades y otros sectores técnicos, para el análisis de distintas alternativas.

Además, se faculta al Poder Ejecutivo para convocar a las empresas concesionarias de áreas de explotación hidrocarburífera de la provincia, con el fin de celebrar un acuerdo en el que se contemple, por un plazo de 180 días, suspender los despidos sin justa causa de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia directa con ellas y los de sus contratistas, con la intervención de los sindicatos representativos de los trabajadores de la actividad, en la que se comprometan a su vez estos últimos a sostener la paz social en la actividad.

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