Tras la movilización del martes 13 de diciembre en Comodoro Rivadavia, la expectativa para la última parte del año quedó puesta en torno a la anunciada decisión del sindicato Petrolero Chubut para adoptar un plan de lucha con impacto directo en la capital federal, frente a la casa Rosada: la instalación de una “carpa negra”, en la que se expresará el reclamo contra las decisiones de política energética, en caso de que se confirme la llegada de 1.600 telegramas de despidos en los últimos días del año.
El titular del sindicato, Jorge Ávila, ha advertido el riesgo concreto para esa cantidad de puestos laborales que estuvieron paralizados durante el último año y que no serían reactivados, a partir de que los planes de inversión del año 2017 contemplarían menor actividad de perforación en la cuenca San Jorge.
Según el detalle que dio el líder sindical en los últimos días, entre 400 y 500 trabajadores pertenecen a la empresa SAI; 252 a SP; 240 a DLS y más de 300 a distintas contratistas de Tecpetrol, mientras que el impacto en actividades conexas totalizar los 1.600 telegramas de preaviso que, según el dirigente, llegarían antes de fin de año para efectivizarse el 30 de enero.
El barril de exportación tuvo 110 días de subsidio
Tras la eliminación del sistema de reembolsos y el anunciado final del barril criollo, también el subsidio al barril de exportación llegaría a su fin como medida de incentivo. Vale recordar que ese sistema se acordó con Nación a principios de año, para compensar con un aporte de 7,5 dólares por barril exportado. Sin embargo, por las condiciones fijadas, sólo durante 110 días en el año pudo aplicarse efectivamente el subsidio.
En efecto, el subsidio a la exportación de crudo se aplica siempre que la cotización internacional no supere los 47,50 dólares (para el petróleo tipo Brent) durante los dos días anteriores y los dos días posteriores al embarque. En base a esa condición, un relevamiento efectuado en ámbitos oficiales y al que tuvo acceso ADNSur permite conocer el detalle de los días en que la misma pudo cumplirse entre los meses de enero y noviembre.
Según ese detalle, en enero hubo 19 días en los que se cumplió la condición; en febrero, 21 días; en marzo, 22; en abril, 17; en mayo, 3; en junio, 0 días; en julio, 8; en agosto, 8; en septiembre, 3; en octubre, 0; en noviembre, 9. En total ,110 días en los que se aplicó el subsidio para cada barril exportado.
A esto debería sumarse los 2,5 dólares por barril que Provincia había comprometido como aporte adicional, para llegar a los 10 dólares por unidad, pero fuentes del sector sostienen que en la práctica esa contraparte provincial no llegó a efectivizarse.
Con las decisiones tomadas por el gobierno nacional en los últimos días, se cree que también el subsidio al crudo exportado podría desaparecer. Si bien las proyecciones del mercado internacional confían en que el acuerdo de la OPEP podrá mantener el precio por encima de los 50 dólares durante el 2017, desde esta región se reclamaba mantener un reaseguro por si la volatilidad del mercado vuelve a llevar los valores a la baja.
El gobierno nacional argumenta que el costo fiscal (que puede significar algunos cientos de millones de dólares) de estos sistemas impide sostenerlos en el tiempo. Desde Chubut se recordó en las últimas horas que la provincia aportó 8.500 millones de dólares al Estado nacional (que no fueron coparticipados a la provincia), entre los años 2003 y 2015, cuando se aplicaban retenciones a la exportación y se impedía el impacto del precio internacional (que superaba los 100 dólares) en el mercado interno. (Fuente: ADNSur).
Dirigentes mineros cuestionaron la propuesta de volver a gravar el sector
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) por la provincia de Santa Cruz, Javier Castro, salió al cruce la propuesta de volver los gravámenes a la actividad minera, como forma de paliar la disminución de ingresos fiscales que generaría el proyecto de modificación a las escalas del Impuesto a las Ganancias.
“Nos van a hacer pagar a los trabajadores por la indecisión y la falta de solución a un problema que ya es histórico”, afirmó Castro y agregó: “Nosotros venimos luchando desde hace años para que se modifique este sistema perverso que se lleva una tajada cada vez mayor del salario de muchos trabajadores, y como a muchos otros gremios hermanos, se nos termina la paciencia esperando una modificación que responda a esos reclamos, pero tampoco queremos que eso se logre poniendo en riesgo nuestras fuentes laborales”.
Además aclaró que desde el gremio “no defendemos las ganancias de las mineras, sino la viabilidad y estabilidad de una industria que es nuestro medio de vida, porque justamente es estabilidad lo que se necesita para mantener y aumentar las fuentes laborales”.
Tras recordar que las retenciones a las exportaciones mineras se establecieron en un período excepcional, en el que el oro llegó a los 2.000 dólares la onza –“aunque sin mover el amperímetro en el nivel salarial de los trabajadores”, señaló–, Castro aclaró que la quita de retenciones decidida a inicios de 2016 no resultó en una mejora tangible a la situación laboral.
“Las empresas mineras son corporaciones con las que es muy duro negociar, y sus representantes locales tienen como único objetivo tratar de mantener los resultados financieros a como dé lugar, entonces si se aumentan los impuestos el resultado siempre es menos contrataciones locales, menos puestos laborales directos o indirectos, e intentos de reducir las condiciones de seguridad, lo que nos lleva al conflicto y a un desgaste innecesario, porque como es lógico, nosotros no vamos a permitir que eso ocurra”, finalizó. (Fuente: El Inversor Online).
