Por Raúl Figueroa) El tema minero se ha instalado fuertemente como eje de campaña a nivel nacional, a raíz de que los integrantes de la fórmula presidencial Scioli-Zanini se han expresado –durante su paso por Comodoro – fuertemente a favor del desarrollo de esta actividad en un eventual gobierno a partir del 10 de diciembre. Y si bien en el plano provincial el gobierno ha reiterado que no discutirá el tema este año, resulta innegable que algunos actores políticos como el intendente Di Pierro y el líder petrolero Jorge Ávila han salido a reiterar su postura favorable a abrir la discusión. Desde una postura contraria pero igualmente dispuesto a discutir el tema, uno de los precandidatos a gobernador por la oposición, César Antillanca (FUS) ha salido a convocar a un debate público a todos los aspirantes a la gobernación provincial, para que fijen su posición ante el electorado.
En ese contexto, vale enfocar la discusión en torno a la generación de renta de la actividad y los aspectos legislativos que deberían tenerse en cuenta antes de avanzar en una potencial explotación.
En ese sentido, el ingeniero en Minas Hugo Nielson, asesor en el tema del precandidato Daniel Scioli, ha expresado su postura en torno a la posibilidad de abrir la discusión sobre el canon minero que rige actualmente la actividad, al admitir que el 3% es un valor que puede considerarse “desactualizado, sobre todo si se calcula sobre el valor boca de mina”.
De todos modos, Nielson considera que es erróneo tomar sólo el canon como sistema de captación de renta:
“Cuando la gente dice que la minería se lleva todo y no deja nada, piensa que sólo paga ese 3%; lo que no es exacto: las regalías son una cosa y los impuestos son otra –comparó-. Las regalías son una facultad que tiene la provincia para cobrar por la explotación de un recurso no renovable y está limitado por leyes nacionales como la ley de inversiones mineras que dice que se puede cobrar hasta un máximo de un 3%”.
Con su base de actividad en la provincia de San Juan, donde la minería se desarrolla fuertemente al influjo de políticas vigentes en el plano nacional, Nielson reconoce que “con el paso del tiempo ese 3% va quedando desactualizado, sobre todo por el modo en que se calcula, con el valor boca mina: eso dificulta las cosas y da un resultado malo. Sí creo que es un tema que habría que estudiar”.
El ingeniero advierte que antes de pensar una modificación normativa, los legisladores deberían manejar mucha más información de la que se maneja en la actualidad. “Debe haber primero una decisión política de transmitir a los ciudadanos que hay que explotarla porque es imprescindible, que se puede hacer bien y que hay lugares donde tal vez no se pueda hacer pero en otros no hay otra alternativa –ha dicho el especialista-. Es importante no sólo para la provincia donde está instalado el proyecto, sino para todo el país”.
Fideicomiso para obras de infraestructura en San Juan
Al explicar el modelo desarrollado en San Juan, añade que en San Juan el canon “no se calculan sobre boca mina, sino sobre el precio de venta”. Aun así no resulta suficiente, por lo que se creó un fideicomiso que implica que las empresas aportan a un fondo provincial para desarrollo de infraestructura. Eso consigue aumentar la recaudación provincial pero sigue siendo insuficiente”.
Para Nielson, la clave de la distribución del impacto es la discusión del régimen de coparticipación federal de impuestos: “Del 100% que se cobra de impuestos la Nación toma el 90% y sólo el 10 queda en las provincias –apunta para criticar ese esquema de reparto-; también estamos teniendo un problema porque el beneficio no repercute rápidamente en la región donde el yacimiento está instalado. Hay que estudiar ese tema. No tengo la propuesta definitiva, lo estamos estudiando pero habrá que verlo con economistas, para determinar cuál es la forma de que puedan tener un beneficio mayor que hoy no se observa y hace que la gente no termine de ver los beneficios de la minería en la zona”.
Propuestas para discutir el tema en la provincia
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privados, Jorge Ávila, ha reiterado en los últimos días su posición favorable al desarrollo de la actividad minera, al evaluar que la provincia “tiene que empezar a plantearse la posibilidad de avanzar con la industria minera de manera seria e inteligente”, proponiendo que los grupos antimineros son quienes deben “participar activamente de los órganos que realicen el control de los procedimientos”, cumplimiento de leyes y mantenimiento de las condiciones de higiene y cuidado del medioambiente. “Los chubutenses tenemos que empezar a buscar otra alternativa (a la industria petrolera). Las regiones han crecido en población y si uno empieza a recibir cada vez menos regalías petroleras va a ser más difícil sostener lo que se ha logrado al día de hoy”, ha referido Ávila en relación al estancamiento en baja del precio internacional del crudo y la posibilidad que brindaría la industria minera en la consolidación del horizonte productivo de la zona.
Por su parte, el tema se ha colado tímidamente en la campaña previa a las PASO. Desde el PRO, el precandidato a gobernador Ricardo Iriani ha aceptado que el tema debería discutirse para que deje de ser un tabú, expresándose a favor de evaluar el potencial económico de la actividad, con énfasis en el control ambiental. Desde otra posición, en este caso con una postura “anti extractivista”, el precandidato del Frente Unidad Sur, César Antillanca, está promoviendo un debate de todos los postulantes a la gobernación, para el 4 de agosto en la sede Trelew de la Universidad, para fijar posición frente al tema. Aunque hay pocas chances de que una iniciativa así pueda concretarse antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, dado el bajo apego de los candidatos a fijar posiciones claras o a debatir ideas, no deja de ser una posibilidad que podría crecer de cara a las elecciones generales de octubre.
Es que desde el sector empresario minero, el presidente de la Cámara de empresas de Chubut, Néstor Alvarez, afirma que en el sector se proyecta que, si se habilita la actividad, podría llegar a la provincia un flujo inicial de inversiones por 2000 millones de dólares en los próximos tres años. Desde su perspectiva, la captación de la renta estatal no es menor, aunque reconoce que se debe dar luego la discusión del modo en que la nación reparte hacia las provincias la torta que recauda en el sector: “países como Ecuador, Canadá, Perú, Bolivia, Brasil, tienen entre un 41 y 47% de participación de la renta por parte del Estado, sacando los gastos directos. En Argentina, dependiendo del tipo de metal que se exporte, estamos entre el 41 y 57%, es decir que la carga de impuestos es más alta que en otros países, pero aun así hay proyectos dispuestos a instalarse”.
Entre los proyectos más avanzados en la provincia de Chubut, en el sector se pondera al emprendimiento Navidad, de Pan American Silver, para extraer recursos de plata y otros metales; el de uranio en Paso de Indios; y el proyecto “Suyai”, de explotación de oro, en la zona de Esquel.
