El “grupo de los 8”ex Secretarios de Energía de la Nación, nucleados en el Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi, presentó a los candidatos a la presidencia de la nación que competirán en las próximas elecciones el documento “la energía en la Argentina: los desafíos políticos técnicos y económicos 2016-2019”. El documento constituye una propuesta de política energética para ser aplicada por el próximo gobierno, concebida como una política de estado para resolver los graves problemas energéticos que se han manifestado y agudizado en los últimos años, aunque con orígenes –algo que no dicen los ex secretarios- que en muchos casos se remontan a la desregulación y privatizaciones de la década del 90. Aquí una síntesis.
Fortalezas y potencialidades del país en materia energética
“Los recursos energéticos: los recursos argentinos son cuantiosos y suficientes para alcanzar un desarrollo energético competitivo y superar las dificultades actuales que nos muestran como un país débil y altamente dependiente de terceros. Nuestras fortalezas son la existencia de los recursos de extracción no convencional, en particular shale gas, shale oil y tight gas; la existencia de extensas cuencas sedimentarias -continentales y marinas- que aún no han sido exploradas y poseen amplia favorabilidad para la existencia de hidrocarburos; la existencia de un importante inventario de recursos hídricos aún no aprovechados, y la amplia favorabilidad de nuestro territorio para el aprovechamiento económico de la energía eólica y solar.
Los recursos humanos, institucionales y tecnológicos: La Argentina tiene capacidades históricas relevantes en materia energética; es un líder regional en la utilización de la energía nucleoeléctrica, tiene la infraestructura de transporte y distribución de gas natural más importante de la región, tiene la experiencia y el conocimiento para llevar a cabo grandes emprendimientos hidroeléctricos con altísima integración de la industria nacional, y posee una industria petrolera pionera en América Latina con un nivel de actividad en número de perforaciones por año que se encuentra entre los más importantes del mundo.
Debilidades y situaciones críticas
La matriz energética argentina es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. En 2013, sobre un total de 81 millones de toneladas equivalentes de petróleo utilizadas en el año, el gas natural representó el 52,8%, el petróleo el 32,9%, y el resto del 14,3% fue cubierto por las fuentes renovables (9,2%), la energía nuclear (2,3%), y el carbón (1,5%). Sobre este punto, es importante destacar que desde 2003 en adelante el país experimentó una notable involución respecto al tipo de matriz energética. En este período de 12 años, el sector eléctrico acentúa la dependencia argentina de los hidrocarburos: mientras la generación eléctrica aumentó un 60%, el consumo de hidrocarburos utilizados para generar esa energía creció un 180%.
La producción de petróleo convencional es decadente: la producción total de petróleo de la Argentina continúa en declinación. La tendencia declinante se mantiene durante los últimos 17 años, y esto es característico de las cuencas maduras y de yacimientos antiguos que no son reemplazados por nuevos descubrimientos. Existe consenso entre los expertos sobre que estos yacimientos continuarán declinando su producción.
Los hidrocarburos no convencionales – Formación de Vaca Muerta y otras: existe consenso de los expertos respecto a que los yacimientos no convencionales serán una fuente de riqueza en el mediano y largo plazo. En la actualidad, la producción de hidrocarburos no convencionales alcanza al 3% de la producción total y la materialización efectiva de esa oportunidad requiere de grandes inversiones, de precios del petróleo que tornen competitiva dichas inversiones, de costos competitivos en la industria local y de un clima inversor dinámico y entusiasta, hoy ausente en nuestro país.
La productividad del sector de hidrocarburos es declinante: se ha constatado, y existe consenso sectorial, sobre que existe una acelerada pérdida de productividad en la producción petrolera en la Argentina, que incluye menor producción por pozo, mayores costos de perforación, y mayor utilización de equipos de perforación, todo lo cual redunda en mayores costos de producción. Las importaciones energéticas alcanzaron los 11.000 millones de dólares en 2014, y esto constituye una sangría de divisas que complica a la totalidad del funcionamiento de nuestro sector externo. Esto resulta inadmisible en un país con la dotación de recursos potenciales de la Argentina.
Una aspiración lógica y un imperativo político y económico es recuperar el autoabastecimiento energético perdido al comenzar la presente década.
Los subsidios energéticos han alcanzado una cifra sin precedentes, cercana a los 15.000 millones de dólares en 2014, y han crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Su existencia conspira contra el funcionamiento de la economía en su conjunto y contra la economía energética en particular. Los subsidios son irracionales y no favorecen a la población que los requiere: como se subsidia la oferta, el 95% del monto total de los subsidios es percibido por empresas que mejoran sus utilidades y cuyos ingresos les permitirían pagar los verdaderos costos de la energía. Menos de un 5% del total de la masa de subsidios es percibida por sectores sociales pobres o de pobreza extrema. A su vez, la masa de subsidios favorece más a los habitantes del área metropolitana (AMBA) que a los del interior del país.
Las tarifas de los servicios públicos de electricidad se encuentran ante el retraso de más larga duración (2001-2015) de los últimos 50 años, y también el más profundo respecto a la caída en términos reales (73%) de los últimos 50 años. Un dato relevante es que el 80% de la totalidad de las ventas de electricidad paga con sus tarifas apenas el 22% de los costos de generación de la energía consumida.
Las empresas de servicios públicos energéticos están quebradas: el análisis de los balances y cuadros de resultados de las empresas proveedoras de servicios públicos de gas natural y electricidad indican quebrantos patrimoniales y fuertes pérdidas operativas; y ello pone claramente en evidencia una política tarifaria incorrecta, aplicada en forma sistémica durante la última década
Argentina es un país irracional en sus decisiones energéticas: En los últimos 12 años las incorporaciones de equipamiento en generación eléctrica han correspondido en un 73% a centrales termoeléctricas cuyo funcionamiento está basado en el consumo intensivo de hidrocarburos. Gran parte de la incorporación de potencia de ese período para abastecer el crecimiento de la demanda consistió en máquinas de alto costo, concebidas para paliar emergencias. En contraposición, la incorporación de energías renovables fue prácticamente insignificante.
Propuestas energéticas para los próximos 4 años
Tras el análisis de diagnóstico crítico, el documento avanza en propuestas para desarrollar en los próximos 4 años. Se destacan los siguientes puntos:
a-Una política de largo plazo. Este Programa se articula sobre la base de una Política Pública de largo plazo, que deberá ser implementada por el Gobierno nacional en el período 2015-2019, pero que deberá ser consensuada con las fuerzas políticas nacionales de forma de asegurar la aprobación parlamentaria de la misma y su continuidad más allá del período de gobierno.
Esta política pública requiere no sólo de consensos políticos, sino también de acuerdos sustentados en los sectores empresarios, académicos, profesionales, funcionarios de organismos especializados y gremiales, y el acompañamiento de la sociedad civil. La política pública así concebida será, mientras duren los consensos políticos sobre los que se sustenta, una Política de Estado.
b-Un estado eficiente que cumpla roles indelegables. El Estado cumplirá los roles indelegables previstos en la legislación teniendo como única finalidad alcanzar el bienestar general. Las decisiones estatales se enmarcarán en criterios estratégicos objetivos; serán transparentes y sometidas al control público.
Las decisiones estatales se implementarán en una Planificación Energética Estratégica, que será elaborada por el Gobierno y aprobada por ley del Parlamento. La planificación estratégica perseguirá los siguientes objetivos generales prioritarios: a) la sustentabilidad del abastecimiento energético mediante una matriz energética diversificada; b) la confiabilidad del suministro; c) la minimización del costo total de abastecimiento con la finalidad de alcanzar la eficiencia de la producción energética y precios competitivos para los usuarios; d) la accesibilidad al consumo energético de toda la población; e) la preservación del ambiente en todo el territorio nacional; f) la participación en función de acuerdos internacionales en la lucha para la mitigación del cambio climático; g) la integración energética regional a través de la conformación de mercados regionales de energía potenciando los acuerdos de intercambio existentes y el aprovechamiento energético de mutuo beneficio, y h) el control de los requisitos de factibilidad de los proyectos, y la transparencia y competencia de los procesos de selección y adjudicación de obras energéticas.
c-La política pública se orientará a la puesta en valor de los recursos potenciales, revirtiendo la declinación productiva de hidrocarburos, y a la consiguiente reposición de los inventarios de reservas comprobadas de petróleo y gas natural. La política pública se orientará a lograr una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos, y con una mayor participación de las Energías Renovables, de manera de reducir el impacto ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestra matriz energética es altamente dependiente de los hidrocarburos (hoy 87%). El desafío es diversificar la matriz e implementar las políticas y las inversiones para alcanzar esos objetivos estratégicos con metas intermedias.
d-Tarifas justas y subsidios justificados y razonables. La política tarifaria de los servicios públicos será concebida de forma tal de retribuir todos los costos y la utilidad que un inversor y gestionado eficiente asume para prestar el servicio. Serán fijadas por el Estado, tal cual lo previsto en los respectivos marcos regulatorios. Los precios de productos energéticos que se venden en mercados competitivos serán libres, debiendo la política pública promover la competencia y sancionar las prácticas distorsivas.
Los subsidios energéticos serán los estrictamente necesarios para garantizar a la población careciente focalizada por indicadores socioeconómicos el acceso a la energía.
Los Subsidios Energéticos serán fijados por ley del Congreso; serán acotados en el tiempo y perseguirán fines determinados fijados en la legislación. No se admiten subsidios indiscriminados y generales a la oferta o a la demanda.
Para alcanzar el objetivo simultáneo de obtener tarifas justas y subsidios acotados a lo impuesto por razones de integración social, se establecerá un plazo de convergencia con el conjunto de medidas de política económica.
e-Hidrocarburos. El Objetivo central de la Política de Hidrocarburos es incrementar la producción de petróleo y gas natural, y explorar el potencial de nuevos recursos. La Estrategia buscará promover, además de los recursos no convencionales, la exploración petrolera en áreas convencionales continentales y marinas que permanecen inexploradas y que constituyen el 70% de las cuencas sedimentarias existentes en nuestro país. El objetivo es incorporar nuevos yacimientos convencionales que reemplacen a los yacimientos maduros descubiertos hace más de tres décadas. La nueva estrategia no prescinde de Vaca Muerta y otros desarrollos que puedan emprender los actores conforme a las oportunidades de negocio que ofrece la industria, sino que la complementa.
-Programa de exploración petrolera. Se promoverá un programa exploratorio de hidrocarburos que abarque tanto las cuencas sedimentarias convencionales como no convencionales, recurriendo para ello a licitación pública internacional. Para los modelos contractuales se tomará en cuenta la experiencia internacional y los antecedentes exitosos de la región.
-La exploración de las cuencas sedimentarias inexploradas se realizará mediante licitaciones públicas internacionales realizadas por el Estado nacional y por los estados provinciales en sus respectivos territorios.
-La meta orientativa de la nueva política exploratoria es duplicar el nivel de reservas comprobadas de yacimientos convencionales actuales de petróleo y de gas natural para el año 2023. Ello implica reemplazar reservas con una tasa de reposición del 200% en los próximos años; lo que significa incorporar reservas comprobadas de gas natural por 672.000 millones de m3 y 512 millones de m3 de crudo.
