Incentivos al off shore: el cambio del proyecto de Hidrocarburos que se debatió hasta último momento

Por Raúl Figueroa) El debate producido en el Senado en torno a la nueva ley de Hidrocarburos,dejó en evidencia las discrepancias en torno al artículo 19, que establece incentivos para la actividad petrolera en el mar. Los cambios propuestos desde Chubut, a instancias del senador Marcelo Guinle, apuntaron a que se incluyera dentro de ese beneficio la totalidad de los proyectos, ya que en el texto inicial se contemplaba dar el 60% de libre disponibilidad a aquellos desarrollos realizados en una profundidad de 90 metros.

Tal como informó Suplemento Desarrollo en edición anterior, una de las iniciativas que podría ingresar en ese sistema de beneficios es el proyecto off shore que YPF se apresta a iniciar en Restinga Alí, con una registración sísmica que permitirá ubicar con exactitud los lugares a perforar, a través de un sistema de pozos horizontales, dirigidos desde la costa. El artículo 19 fue uno de los puntos que generó fuertes discusiones, en tanto se modificó su redacción original, que fijaba incentivos de precios (otorgando libre disponibilidad al 60% del crudo y el gas extraído en altamar, es decir sin afectarlo con retenciones y alineando su precio con el mercado internacional, a partir del tercer año de explotación en proyectos de inversión no menores a 250 millones de dólares). Los incentivos también alcanzan a hidrocarburos producidos en áreas en tierra, convencionales y no convencionales, aunque en este caso sobre el 20% del hidrocarburo producido. En su redacción original, el proyecto consensuado entre los gobernadores de la OFEPHI y el gobierno nacional aclaraba: “Entiéndase por explotación costa afuera a aquellos proyectos en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros”. A instancias del senador Marcelo Guinle y en acuerdo con el gobernador Buzzi, el proyecto fue modificado de forma tal que se extendió el beneficio (libre disponibilidad sobre el 60% del hidrocarburo extraído en tales condiciones) a toda el área marítima, sin la exigencia de los 90 metros de profundidad. De este modo, podrían ingresar en ese incentivo proyectos que se encuentren más cercanos a la costa. “Con esto, el off shore es hacer un pocito en la playa”, fue la ácida referencia del senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut), al ser consultado para este informe. El cuestionamiento del legislador es por el costo fiscal que implica para el país ceder tales beneficios, pero además bajo el entendimiento de que dicho cambio favorecería a proyectos de PAE en área marítima de baja profundidad. No obstante, el primer beneficiario de ese cambio podría ser YPF, que tiene previsto el desarrollo off shore frente a las costas comodorenses, en áreas cercanas a la playa, a una profundidad inferior a los 90 metros. Paradójicamente, el propio titular de la compañía, Miguel Galuccio, planteó discrepancias frente al cambio y fue uno de los principales opositores. “No actúa como CEO de una compañía de mayoría estatal, sino más bien en rol de secretario de Energía de la Nación”, confiaron fuentes del Congreso a este medio. Es que, según evalúan quienes describen tal racionalidad, el gobierno nacional buscaría evitar que otros proyectos, por caso los que se desarrollan en la Cuenca Austral por parte de otras compañías extranjeras, pretendan acogerse al beneficio de la libre disponibilidad (lo que implica un alto costo fiscal para el Estado, al renunciar a una tajada importante de las retenciones que le generaría la exportación de esos recursos, que ahora podrán ser vendidos al mercado internacional a precios sin techo). “Esto se parece a la discusión que algunos pretendieron dar con la posibilidad de bajar las regalías: es una posibilidad que se contempló para cierto tipo de proyectos, pero nadie lo ha planteado todavía”, describió un funcionario con llegada a las discusiones. “En este caso es lo mismo: quieren evitar la posibilidad de que llegue a abrirse la puerta a nuevos pedidos, aunque en el proyecto se podrían fijar condiciones, por ejemplo limitando ese beneficio a la cuenca del golfo San Jorge”.

Vale recordar a qué se debe la referencia en torno a la posibilidad de bajar regalías en ciertos casos. El artículo 7 del proyecto propone una modificación al artículo 27 de la Ley 17.319 y ha sido uno de los aspectos polémicos de la iniciativa, ya que abre la puerta a discutir ese beneficio para un tipo especial de hidrocarburos: “Aquellos proyectos de Producción Terciaria, Petróleos Pesados y Costa Afuera que por su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobadas por la Autoridad de Aplicación y por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) por parte de la autoridad de aplicación Provincial o Nacional, según corresponda”.

Vaca Muerta y el golfo San Jorge

Volviendo a la modificacion del artículo 19 y la eliminación de la exigencia de los 90 metros, desde el entorno legislativo que buscó dicha modificación se rechazaron las acusaciones al supuesto lobby a favor de una determinada empresa, para enfatizar que “se buscó que el golfo San Jorge también reciba el incentivo para incrementar actividad. No estamos actuando a favor de ninguna corporación, sino para potenciar a Petrominera, que es socia de PAE en un 10% en las exigencias de actividad off shore que fijó el contrato de 2007. Y También es socia de YPF en El Tordillo. La ley se hizo para Vaca Muerta, pero no podemos dejar al golfo afuera”, reflexionaron en las agitadas horas de discusiones previas a la sesión especial del 8 de octubre. Desde la vereda opuesta, Cimadevilla insistió en el rechazo a la norma, al cuestionar la libre disponibildiad que se otorga al crudo, señalando además que “ésta es la segunda etapa de la privatización del petróleo iniciada por Menem: en los 90 se privatizó las empresas y se entregaron las áreas, ahora se está enajenndo directamente el subsuelo”. El artículo 19 fue discutido hasta último momento y sufrio una nueva modificación, disminuyendo el beneficio al 20% de libre disponibilidad para aquellos proyectos encarados a menos de 90 metros de profundidad. El 60% regirá para perforaciones en altamar en profundidades superiores a dicha medida. “No teníamos ningún incentivo, pusimos una vara muy alta y así logramos que se mantenga al menos un beneficio parcial para impulsar la actividad”, confiaron en el ámbito legislativo nacional. Vale recordar que, tal como ha informado este medio, Petrominera ha planteado un reclamo legal a PAE para reactivar el proyecto exploratorio en alta mar, acordado en la prórroga del contrato firmado en 2007, que fue dejado de lado por la operadora a partir de una normativa en Santa Cruz que impide la actividad en aguas de su jurisdicción, en base a un reclamo de pescadores.

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