Un trabajo presentado recientemente por el Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi, firmado por su presidente, Jorge Lapeña, propone sentar bases para la planificación energética del país, a mediano y largo plazo. Bajo el título “Planeamiento Energético: los enormes desafíos políticos, económicos y ambientales de la década que comienza”, el informe plantea en su introducción: “En materia energética poco es lo que se hizo en la primera década del siglo y muchos los déficit que se han acumulado en estos años. Hay un déficit económico: los consumidores nos hemos acostumbrado en estos 10 años a no pagar por la energía lo que cuesta producirla. El gobierno que cometió el error garrafal de crear esta situación cada vez es más confuso; ahora nos notifica con carteles en nuestras facturas con un letrero cruzado en letras rojas que dice. “Consumo con Subsidio del Estado Nacional“; que es como decirnos: todos estamos en falta”.
Según el analista, quien se desempeñó como secretario de Energía de la Nación en el período de gobierno de Raúl Alfonsín, la adecuación de precios de los energéticos en el país es una de las tareas centrales para empezar a revertir la actual situación:
“El atraso de los precios es fenomenal y su corrección exigirá sacrificios y explicaciones. El problema derivado de esa situación anómala es simple: no hay inversión privada; no hay crédito para nuevos proyectos; y a causa de ello para evitar males mayores se ha convertido a nuestro sector energético en un sumidero gigantesco donde se consumen fondos públicos”.
Tras aludir al déficit de producción en petróleo y gas, con un déficit creciente ante el aumento de la demanda y la creciente necesidad de importación, el informe detalla cuáles son los “desafíos estructurales que enfrenta el país”.
Al respecto indica ejes básicos, entre los que se cuenta el sinceramiento de tarifas de la energía; la exigencia de inversión por parte de las empresas para satisfacer la demanda; la creación de políticas desde el gobierno que garanticen el proceso de inversión con planes a largo plazo.
La ampliación de la oferta, advierte el trabajo, debe también apuntar a insertarse en el mercado global, en un mundo que intenta contener el calentamiento global.
Por ello, el trabajo del Instituto postula la necesidad de un cambio en la matriz energética argentina y advierte que no será sencillo: “cambiar la matriz es más caro (requiere mayores inversiones) que dejar la matriz como está”.
Entre los desafíos particulares, para focalizar los enunciados generales hasta aquí reseñados, el Instituto propone:
“Elaborar y poner en ejecución un Plan Energético Nacional de largo plazo 2012-2025 (PEN); que permita implementar una Estrategia Energética Argentina (EEA). El PEN es una responsabilidad de Estado nacional, pero debe ser elaborado en forma participativa, transparente y debe ser técnicamente factible, financieramente viable, y ambientalmente aceptable por los ciudadanos.”.
El segundo desafío en ese marco sería: “Recuperar la producción nacional de Hidrocarburos en persistente decadencia desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas natural. Ello implica aumentar radicalmente la exploración; prioritariamente en la Plataforma Continental – en nuestra zona económica exclusiva – incluido el talud oceánico (aprox. 1 millón de Km2). Asimismo en las áreas continentales en cuencas no tradicionales de alto riesgo (otro millón de Km2). Argentina debe tener como objetivo específico descubrir y poner en producción una nueva provincia petrolera en la próxima década”.
El informe enfatiza la necesidad de sancionar una nueva ley de Hidrocarburos y crear nuevas instituciones estatales, para el ejercicio de los roles de poder de policía; administración de los contratos de concesión; inspección de concesiones; manejo del régimen de sanciones (en reemplazo de la ley 17.319 actualmente vigente).
Cambio de matriz energética
La propuesta plantea que debe impulsarse la diversificación de la matriz energética, a partir de una estrategia de inversión en nuevas centrales eléctricas, “que además de satisfacer una demanda creciente, contribuya a la lucha contra el calentamiento global; para ello se debe adoptar una estrategia mixta integrada por varias tecnologías de generación. En primera simplificación diremos 1/3 Eólico; 1/3 Nuclear; 1/3 Hidráulico. Esa estrategia se debe complementar con una política permanente de ahorro energético (PPAE) que debe convocar a toda la comunidad”.
Para el cambio de la matriz energética, el IAE sostiene que se debe reemplazar la actual, basada sólo en gas y petróleo, por una de tipo mixto, que incluya fuentes eólicas, hidroeléctricas y nucleares. Esto, advierte, tendrá un inevitable costo y deberá ser afrontado por el país, ya que “la picardía de no pagar lo que la energía cuesta no se sostiene”.
Según los cálculos realizados, el cambio de matriz requiere una inversión de 2.500 millones de dólares por año. “Afrontar y resolver este desafío implica, adoptar políticas publicas proactivas, que incluyen nuevas leyes; nuevas y eficientes agencias publicas y el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento de la inversión nueva que aseguren la sostenibilidad de su realización; uno de estos mecanismos deberá ser la de Fondos de Afectación Específica con fiscalización independiente y auditable de los mismos”.
Se propone además definir una nueva Estrategia Nucleoeléctrica para la Argentina, para poner en coordinada actividad a la capacidad nuclear nacional (científicos; tecnólogos; instituciones y empresas) y definir una estrategia de equipamiento núcleo eléctrico en atención a la optimización de costos de generación eléctrica.
La nuevas tarifas eléctricas y gasíferas deben posibilitar prioritariamente el repago de las nuevas inversiones (capital propio de los accionistas; y repago de préstamos) y todos los costos eficientes de operación y mantenimiento de las nuevas centrales.
Argentina (según datos de 2007) consume unas 87,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEPa) por año para satisfacer todas sus necesidades internas de energía. Incluimos en estos a todas las formas de energía primaria petróleo, gas natural, nuclear, hidráulica, carbón, leña, etc.; así como también las formas manufacturadas de la energía o secundaria.
Aproximadamente un 80% aproximadamente de esa energía (unos 73 millones de TEP) es producida en las instalaciones de transformación (centrales eléctricas; refinerías; etc.). El resto se pierde en los procesos de transformación (pérdidas termodinámicas; perdidas mecánicas, desperdicios; etc.). Un Objetivo de Política Energética es llevar estas pérdidas a un mínimo (lo que implica eliminar perdidas en los yacimientos, en las plantas de tratamiento de gas natural; en las refinerías y en las centrales eléctricas; etc.). Una parte no menor (aproximadamente un 10%) de la energía producida es utilizada como consumo propio por las propias unidades de transformación.
Ahora bien, la energía producida y enviada a la red comercial (aproximadamente unos 65 millones de TEP en el año 2007) tiene perdidas en las redes (aproximadamente otro 10%) y por lo tanto la vendida realmente alcanza a los 55 millones de TEP.
Obsérvese que de 88 millones de energía primaria que entran al sistema solo llegan al circuito comercial 55 millones de TEP o sea el 62,5%, perdiéndose el resto 37.5%.
El camino de la energía comercial a la energía realmente utilizada
Por diversas razones no toda la energía que es comprada por los consumidores y usuarios se convierte en energía útil. Una parte aún no debidamente investigada se pierde por diversas razones que deben ser investigadas: los rendimientos termodinámicos de los procesos; las perdidas por rozamientos y otras cuestiones mecánicas; las perdidas de calor en el ambiente. Faltan estudios de detalle que estudien los modos de consumo y las tecnologías utilizadas en cada sector (residencial; comercio, industria, transporte; agro); pero no es aventurado pensar que mas de la mitad de la energía comprada y pagada por los consumidores se desperdicia.
En resumen, sobre 88 millones de TEP que se utilizan anualmente en nuestro país solo so utilizadas en forma efectiva alrededor de 25 millones de TEP. Toda política que persiga disminuir esas pérdidas debe ser bienvenida porque es hoy un imperativo moral categórico su eliminación.
Necesidad de reducir gases de efecto invernadero
El Balance Energético Nacional que elabora la Secretaría de Energía correspondiente a al año 2005 se publicó una estimación de la producción de CO2 (el mas importantes de los gases de efecto invernadero) exclusivamente del sector energético. En ese año el BEN indica que para un consumo total de energía primaria mas secundaria de 84 millones de TEP la emisión a la atmosfera fue de 138 millones de toneladas de CO2, la relación aprox. 1,63 toneladas de CO2 por tonelada equivalente de petróleo utilizada.
La emisión de CO2 se realiza – según lo consignado en el balance- aproximadamente según el siguiente patrón: 25% en la generación eléctrica; el 40% esta focalizado en los motores a explosión del transporte y el agro (automóviles, camiones, tractores y maquinaria agrícola; el resto la industria y el sector residencial.
Es necesario diseñar y poner en marcha una estrategia de reducción de los gases de efecto invernadero; nuestra opinión es que la misma, a priori, debería estar integrada por una mezcla combinada de las siguientes medidas:
1- Una fuerte reducción de la emisión en el sector eléctrico por unidad de energía generada; lo que lleva a modificar en forma paulatina la tecnología de generación sustituyendo la generación térmica por otras que no produzcan gases de combustión (CO2).
2- Una mejora de la eficiencia en el transporte con motores de mayor rendimiento combinada con el uso de biocombustibles; y una menor emisión por utilización de biocombustibles en los motores actuales.
3- Una mejora de la eficiencia de los consumos residenciales y en la industria destinada al ahorro de de energía que se traducirá en menores emisiones.
