La medida dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior, que retrotrajo el precio de combustibles al 31 de julio, parece la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, en el que la Argentina debe establecer una política definida en torno a cuáles serán las prioridades energéticas para los próximos cinco años.
Es que la disposición emitida deja descontentos a todos los sectores, que en distinta medida esgrimen sólidos argumentos: los expendedores afectados por la medida (particularmente la empresa Shell, que fue la única que movió sus precios después del 31 de julio), quienes aducen que sus insumos se están elevando; a los productores de petróleo, que si bien han logrado nuevos acuerdos, los precios que reciben por cada barril de crudo están todavía muy lejos de los valores internacionales (ver página 2 de esta edición); y a los propios consumidores, que han visto cómo los precios de los combustibles se incrementaron más de 30 por ciento desde marzo de 2009 y mucho más aún si la comparación se lleva hasta el año 2007.
La referencia debería fijarse con el mes de noviembre de 2007, cuando se fijó el sistema de retenciones móviles, con el argumento de que se pretendía evitar que los combustibles en el país siguieran las tendencias del precio internacional. Considerando ese período, las tarifas de combustibles acumulan incrementos en dólares que superan el 30 por ciento. El tema fue objetado a fines del año pasado por la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), en un documento firmado por todos los secretarios de Hidrocarburos del país, quienes cuestionaron con dureza el desfase entre los precios “pisados” del crudo y la evolución tarifaria en los surtidores.
En los últimos meses el precio de referencia del barril de petróleo ha comenzado a recuperarse y así lo plantearon referentes del sector de refino, al señalar que hubo una evolución cercana al 20 por ciento (los crudos livianos estaban fijados en 47 dólares y hoy se estarían negociando a 55), por lo que argumentan que esos incrementos –que podrían continuar si se deja flotar el precio interno hacia su referencia internacional- deberán reflejarse necesariamente en los surtidores.
Sin embargo, más allá de aplicar la ley de Abastecimiento (frenando incrementos de precios menores) el gobierno tiene la oportunidad de plantear el análisis a fondo, a fin de definir cuáles son las variables críticas y de qué manera intervienen (en 1998, el precio del petróleo representaba sólo una incidencia del 8 por ciento en la estructura total del precio de las naftas, lo cual fue el principal argumento por el que éstas no bajaron sus valores aun cuando un barril de crudo cotizaba a 11 dólares) y fijar mecanismos eficaces para mantener el equilibrio entre productores y refinadores. Una variable de alto impacto es el componente impositivo de los precios (que representan 52 por ciento del total), pero el tema no está hoy en análisis, al menos a la luz pública.
Mientras tanto, las provincias productoras se ven involucradas en forma directa en el tema, ya que los valores “controlados” del crudo implican una reducción de sus ingresos por regalías.
