Pozos inactivos: la resolución 5/95 exige el abandono al concesionario

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Juan Garitano, dijo en declaraciones periodísticas en la última
semana que el pasivo ambiental de Comodoro Rivadavia, que tiene entre sus más claros indicadores a unos 2.400 pozos inactivos en el ejido urbano en condiciones de ser abandonados con los procedimientos técnicos exigidos por la normativa vigente (para dar seguridad a las instalaciones que en el pasado bombearon gas y petróleo) no puede ser reclamado a la operadora petrolera
Repsol YPF. En cambio, el funcionario trasladó la queja hacia Nación, por cuanto la mayor parte de las perforaciones fue realizada durante la época en que la petrolera era controlada por el Estado nacional.

La norma que rige el procedimiento para el abandono de pozos es la Resolución de la Secretaría de Energía número 5/95, que contempla que la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos “requiere que se adopten las más racionales y eficientes técnicas para el cuidado de los yacimientos y el medio ambiente en que se desarrolla la actividad”.
Según el ministro Garitano, el abandono técnico de pozos perforados y dejados sin actividad antes del año 1995 –ya que la normativa de referencia fue aprobada ese año- no podría ser exigido a la empresa YPF, ya que ello “no ha sido acordado en el contrato de concesión”, según declaraciones formuladas al programa “Actualidad 2.0”.
En ese plano, afirmó el funcionario, “casi todos los pasivos con los que hay inconveniente en el radio urbano, son consecuencia de la actividad que llevó la empresa estatal, -hoy privada- y que no se hará cargo de todo esto”. Y si bien indicó que debería ser lógico que la compañía que adquirió a la ex estatal asumiera el pasivo y los costos de la reparación, afirmó que “esto no está
plasmado en el contrato de concesión”. Y añadió: “no se puede legislar hacia atrás”, en alusión a que la norma emitida en el año 1995 no tendría alcance para regularizar la situación de pozos perforados en las décadas previas.

Quién es responsable

El tema disparó la discusión en torno a quiénes son los responsables de reparar el daño ambiental, que por otro lado impide al
municipio de Comodoro Rivadavia la posibilidad de contar con tierras necesarias para responder a su expansión urbana. En efecto, cada pozo no abandonado implica la afectación de un radio de seguridad de 60 metros a la redonda, lo que significa prácticamente una manzana de tierra perdida por cada pozo sin abandonar.
Sin embargo, la Resolución 5/95 establece desde su primer artículo que el abandono de los pozos es responsabilidad del concesionario:
“Apruébanse las Normas y Procedimientos para el abandono de pozos de hidrocarburos que se agrega como Anexo I a la presente –dice el primer artículo de la norma- que deberán ser cumplimentadas por los Permisionarios de Exploración y Concesionarios de Explotación”.
En el Anexo I se establecen especificaciones en cuanto al tipo de abandono, ya que puede ser temporario o definitivo. “Un pozo podrá ser abandonado en forma temporaria, cuando a juicio del concesionario de explotación o permisionario de
exploración, existan razones fundamentadas, que hagan previsible su reutilización en el tiempo”, sostiene la norma. Y por otro lado, añade: “El abandono de pozos en ejidos urbanos, será siempre de carácter definitivo”.

Cuenta regresiva

Asimismo, exige que cuatro años antes de expirar una concesión de explotación, “o al momento de producirse la reversión total o
parcial de un área de exploración, el concesionario o permisionario presentará a la Autoridad de Aplicación, un estudio técnico-económico que fundamente las razones por las cuales no resulta conveniente el abandono definitivo o temporario, de cada uno de los pozos inactivos existentes en el área a entregar.
Vale recordar que la concesión de YPF en la provincia de Chubut vencerá en el año 2017, por lo que se ingresa en el período de 5 años previos a la caducidad, en tanto es probable que en ese lapso se comience a renegociar la prórroga del contrato: puede pensarse entonces que el costo del abandono de esos pozos (que no es un elemento menor) será un aspecto central en una futura renegociación.
La resolución establece además un régimen de prioridades para el abandono de pozos ubicados en zonas urbanas. En este caso, se considera pozos “a abandonar” con mayor premura a aquellos que dejaron de explotarse y se ubican en áreas urbanas, para lo cual la norma otorga un plazo de cinco años para proceder al abandono definitivo.
Uno de los artículos de la resolución deja claramente establecido que no se hace una excepción con aquellas perforaciones previas al año 1995:
“Los pozos que, a la fecha de vigencia de la presente Resolución, se encuentren como «A Abandonar» o inactivos en condiciones de ser abandonados, deberán ser categorizados de acuerdo al Capítulo II y estarán sujetos a los plazos establecidos en el Capítulo III”,
sostiene la norma, dando lugar a la evaluación y clasificación de los pozos pre existentes a la normativa, por lo cual quedarían alcanzados por esta Resolución. Es decir: podría interpretarse que se trata de un procedimiento creado precisamente para regular la situación pre existente, por lo cual alcanzaría a las perforaciones históricas de la ciudad.
La Resolución establece además el método para el abandono definitivo: “Se fijará un retenedor o tapón ciego por encima del punzado superior, a un mínimo de treinta (30) metros por debajo del tope de buen cemento, y se sellará el mismo con un tapón de cemento de diez (10) metros como mínimo, verificando su correcta hermeticidad. Se recomienda constatar, mediante el empleo de técnicas o métodos probados, el estado de la cañería de aislación por encima del tope de cemento”.

Plan conjunto

A mediados del año pasado, la Secretaría de Hidrocarburos de Chubut anunció un plan de abandono conjunto entre la provincia, municipio y la operadora YPF. Se admitía en esa ocasión que se debía apelar a la buena voluntad de la petrolera, ante el aparente vacío legal para determinar si estaba o no obligada por ley para cumplir con la tarea, que buscaba dotar a l ciudad de mayor seguridad en torno a las instalaciones petroleras que la rodean.