Desde el ámbito de empresas regionales se denunció ante autoridades provinciales a la operadora Enap Sipetrol, concesionaria del área Pampa del Castillo-La Guitarra, a raíz de la desafectación de servicios prestados por firmas regionales y reemplazándolas por empresas externas. Se trata de un claro incumplimiento de una de las cláusulas del contrato de concesión -cuya prórroga se firmó en 2015-, que comprometía a la operadora a mantener y ampliar su red de proveedores locales y de la región a través de contratos de mediano y largo plazo.
El problema fue puesto en conocimiento de distintas autoridades, según pudo establecerse a partir de consultas en áreas pertinentes, a partir de notas enviadas por la Cámara de Empresas Regionales. Los primeros funcionarios en ser alertados fueron el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe y el presidente de Petrominera, Jorge Ávila; éste fue puesto en conocimiento no por su rol de conductor del sindicato Petrolero Chubut, sino porque la empresa estatal es socia de Enap Sipetrol Argentina (en un 30%) a partir del nuevo contrato que renovó la concesión por otros 10 años.
“Nosotros entendemos la crisis y la Cámara está dispuesta a trabajar en la mejora de costos y la búsqueda de productividad –dijo uno de los referentes del sector-, pero esto no significa que se pueda reemplazar a las empresas de la región. No es una cuestión de localismos ni una arbitrariedad, sino uno de los instrumentos legales que se previó en los contratos de concesión para dar sustentabilidad a esta actividad, porque son las empresas regionales las que generan una gran parte de los puestos de trabajo que se desempeñan en el ámbito petrolero”.
De este modo, la solicitud a las autoridades es para que intime a la operadora a fin de dar cumplimiento a lo que firmó en el contrato de concesión. Este, en su artículo 7.2 establece que la operadora debe propender a generar “procesos que permitan incrementar su red de proveedores locales y regionales, sobre la base de contratos de mediano y largo plazo a efectos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la región”. Sin embargo, según explican los empresarios, la compañía que pertenece al Estado de Chile no sólo está incumpliendo con aquel compromiso, sino que está desplazando a empresas de la cuenca del golfo San Jorge y las está sustituyendo por prestadores extra regionales.
Asimismo, en los requerimientos a las autoridades se solicita que convoquen a la comisión de monitoreo del cumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión, a fin de verificar la evolución general de los compromisos establecidos en el mismo.