El aumento de tarifas de gas aplicado a los usuarios residenciales significa una transferencia de ingresos a favor de las compañías que producen gas y petróleo en el país de entre 2.800 y 3.500 millones de dólares, según distintos analistas. Lo concreto es que el tarifazo aplicado mejora substancialmente el ingreso para las operadoras, ya que el polémico cuadro tarifario significó un aumento en el valor del gas en boca de pozo, que hasta el 31 de marzo se fijaba en 1,9 dólares por Millón de BTU (para usuarios residenciales), mientras que el incremento lo llevó a valores de 5 y 7 dólares por la misma unidad, según el tipo de usuario al que se aplique, mientras que el precio internacional hoy oscila alrededor de 2,8 dólares el Millón de BTU, aunque estaba a menos de 2 al momento de resolverse el aumento de tarifas en el país.
Las referencias que se toman para aplicar el cuadro tarifario hubiera sido uno de los puntos esenciales a discutir en una audiencia pública que, de haberse aplicado la ley que regula el servicio, se hubiera tenido que realizar para debatir los incrementos.
El gobierno nacional argumenta la medida en la necesidad de reducir los subsidios que viene aplicando, previendo un ahorro fiscal por esa cifra del orden de los 4.000 millones de dólares en el año, mientras que todavía el Estado seguiría aportando otros 2.000 millones de la moneda norteamericana.
También es cierto que durante los años previos al 2014, cuando empezó la debacle de precios internacionales, el valor del gas cotizaba en el mercado internacional en montos superiores a los 7 dólares por Millón de BTU, mientras en el país las tarifas se basaban en un monto menor a los 2 dólares, de allí la creciente necesidad de subsidios por parte del Estado nacional.
La aseveración anterior refleja dos certezas: los usuarios residenciales se beneficiaron por un incremento indirecto de sus ingresos, al pagar menos por el valor del insumo energético; ello es justificable para los sectores menores favorecidos, pero se transformó en distorsiones que beneficiaron ampliamente a sectores más ricos de la población, muchos de ellos concentrados en los sectores más caros de la Capital Federal.
La segunda certeza es que las compañías petroleras no perdieron, ya que los diversos planes de incentivo aplicados por el Estado nacional significaron el reconocimiento de mayores precios a través de subsidios millonarios: prueba de ello son los reconocimientos de más de 2.000 millones de dólares que las operadoras cobrarán a través del bonos del tesoro para sanear las deudas acumuladas por programas como “Petróleo Plus” y “Gas Plus”. Este último reconocía un valor de 7,5 dólares por Millón de BTU para la producción incremental de gas. Dicho mecanismo pone en duda también otro argumento del gobierno, que justificó el tarifazo en base a la necesidad de “incentivar las inversiones”.
Un informe de la Fundación Bariloche, a cargo del investigador Nicolás Di Sbroiavacca y citado por el diario Página 12, detalla en base a los balances presentados a la SEC estadounidense por YPF, que el costo de producción promedio del millón de BTU de gas es de 1,9 dólares. Es decir que el nuevo valor reconocido a las productoras y que deben pagar los usuarios es más del doble que lo que cuesta producir cada unidad.
La producción de gas había empezado un lento recupero
Otra parte del debate está planteada en torno a los números de la producción de gas en el país. El investigador Federico Bernal aseguró esta semana en una entrevista con el programa Actualidad 2.0 que el gobierno miente al afirmar que la producción estaba en caída y que habría una crisis de no aplicar el aumento, según el argumento oficial. La afirmación dispara nuevos análisis. Si se compara la producción de gas del año 2015 contra el año 2013 –cuando se evidenció el cambio de tendencia por parte de YPF, tras la nacionalización del 51% de su capital accionario-, el análisis estadístico arroja un aumento, ya que el año pasado se produjeron algo más de 42.905 millones de metros cúbicos del fluido, contra 41.708 en 2013.
Sin embargo, el incremento del año pasado no alcanza a superar la producción del año 2012, que fue de 44.124 millones, que a su vez significa una caída frente al año 2009, cuando el país produjo 48.419 metros cúbicos. La marca del año pasado, en fin, es mucho más baja que los 52.157 millones de metros públicos producidos en el año 2004.
El análisis de esos números queda incompleto si no se evalúa para qué se produce gas en el país. En el año 2004, cuando se alcanzó el pico de producción gasífera, Argentina tenía alrededor de 6 millones de usuarios del fluido y consumía una mínima parte de la producción diaria (alrededor de 33 millones de metros cúbicos diarios, sobre una producción que alcanzaba los 142 millones de metros cúbicos por día). El resto se importaba, a valores que fluctuaban en 1,50 dólares por Millón de BTU, en tiempos en que las operadoras apuntaban a la maximización de renta como efecto de la inercia desregulatoria de los años 90 y Repsol buscaba recuperar la inversión realizada al quedarse con YPF.
Hay quienes recuerdan con nostalgia los tiempos en que se exportaba gas a Chile, ignorando que en ese momento era mucho menor la cantidad de usuarios que lo aprovechaban en el país.
En la actualidad, el número de usuarios de gas en el país supera los 8,2 millones (se incorporaron a partir de obras de infraestructura realizadas en el norte del país), mientras que cualquier incremento en la producción debería tener como finalidad satisfacer el consumo interno, que hoy es deficitario y demanda importar un volumen de gas del orden de los 20 millones de metros cúbicos, a valores que pueden ubicarse entre 4,5 y 5 dólares el Millón de BTU.
No hay certezas de que esos objetivos puedan cumplirse. La transferencia de recursos que se debate hoy en el país transformó al insumo energético en un bien difícil de alcanzar para los sectores medios y bajos de la sociedad: aun con “el tope del 400%” que ahora pretende aplicar el gobierno, la discusión parece demasiado seria como para seguir probando con la teoría del “ensayo y error”.