Por Raúl Figueroa) El aumento en las tarifas de gas ha comenzado a ser cuestionado a partir del duro impacto recibido en las facturas de los usuarios, tanto residenciales como comerciales, en distintos puntos de la región patagónica. Y si bien había un reconocimiento generalizado de que sería necesario salir del congelamiento de precios para disminuir paulatinamente los subsidios aportados por el Estado nacional, el drástico salto que se dio ha superado la referencia de precios en el mercado internacional, por lo que hoy Argentina ostenta uno de los valores más altos del mundo para la referencia en boca de pozo.
El impacto tarifario se traduce así en aumentos que van desde el 500 al 1.000 por ciento o más, según se trate de consumos residenciales o comerciales y dependiendo también de la ubicación en la región patagónica. El tema ha sido cuestionado desde diversos ámbitos, tanto políticos como técnicos, en virtud de que no hubo audiencia pública para discutir los niveles de incremento, además de las incompatibilidades de los funcionarios públicos que resolvieron el tema.
Un estudio de la consultora Bein&Asociados sostiene que el incremento tarifario implica un impacto a favor de las productoras gasíferas del orden de los 3.500 millones de dólares, en función de los nuevos precios de referencia: 5 dólares por Millón de BTU para la oferta vieja (que hasta diciembre del año pasado estaba en 2,60) y los 7,50 dólares por la oferta nueva (es decir, el gas que se produce de manera incremental en relación a la curva histórica de producción en cada área). Vale recordar que este régimen ya estaba creado desde el gobierno anterior, con el fin de incentivar la producción, que venía en caída por el congelamiento tarifario de los últimos años. El dato significativo del informe es que los precios en el país superan hoy largamente la referencia del mercado internacional, fijada en 2 dólares por Millón de BTU en el mercado de Estados Unidos.
Planteo desde el Congreso contra el aumento
Esa diferencia de precios con el mercado internacional es uno de los elementos que se tomaron en la Cámara de Diputados de la Nación, en el bloque del Frente Renovador, para plantear más dudas sobre el modo en que se aplicaron los incrementos tarifarios.
En efecto, la diputada Liliana Schwindt, quien preside la comisión de Defensa del Consumidor, detalló los aspectos básicos del informe, en diálogo con el programa Actualidad 2.0, cuestionando el hecho de que se fijó un precio en el país que supera ampliamente a la referencia internacional “en el doble o más del doble”; el informe también cuestiona la falta de audiencia pública para discutir las nuevas tarifas, ya que “hicieron mención a una auditoría que se hizo en el 2006”, según la legisladora; y apuntó especialmente a las incompatibilidades del ministro Juan José Aranguren y otros funcionarios del Ministerio, por sus vinculaciones con el sector empresario, para tomar este tipo de resoluciones. Concretamente, varios de los actuales funcionarios fueron ejecutivos de operadoras petroleras hasta poco antes de asumir en el cargo, además de Aranguren que fue Ceo de Shell hasta junio del año pasado y aún hoy es accionista.
“Las facultades que habilitarían al dictado de la Resolución 28/16 no se citan en la medida como hubiera correspondido porque simplemente no existen –señala el informe de los diputados massistas, citado por La Política Online-. No hay habilitación legal que le permita al Ministerio de Energía y Minería resolver lo determinado en dicha medida”.
Aranguren también quedó en el ojo de la tormenta tras la compra de un cargamento de gas a Chile, lo que se hizo a un precio fijo de 6,90 dólares por millón de BTU (MBTU), es decir más del doble de los 3 dólares por MBTU que Argentina le paga hoy a Bolivia por el mismo fluido. Incluso resulta más caro que el gas que llega licuado, transportado por barcos, que el país paga hoy a 4,50 por MBT.
Un juez reconoce que el aumento carece de legitimidad
El fiscal federal Gonzalo Mirando, de la ciudad de Río Gallegos, aceptó un recurso de amparo (que ahora debe resolver el juez) presentado por el senador nacional Alfredo Martínez y concejales de aquella ciudad. En la resolución, el fiscal consideró que el nuevo cuadro tarifario, vigente desde el primero de abril, “carece de legitimidad por haberse omitido la intervención de los usuarios a través del procedimiento de audiencia pública”, algo que se encuentra previsto “en el artículo 46 de la ley 24.076”.
Debido a esta falta de legitimidad, el fiscal afirma que los usuarios “podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de modificación, el ente deberá resolver en el plazo de sesenta días previa convocatoria a audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince días de la recepción de la citada solicitud”.
Esto puede ir como nota subordinada
Categorías de usuarios según el consumo y los nuevos valores según Camuzzi gas del sur
El gerente zonal de Camuzzi Gas del Sur, Rodrigo Espinosa explicó que además del nuevo cuadro tarifario, habrá un régimen de incentivo al ahorro, que consiste en aplicar un descuento sobre el nuevo precio.
Los usuarios se dividen en distintas categorías: las 4 primeras quedan incluidas en la denominada R 1, con consumos inferiores a 3.800 metros cúbicos anuales.
Los siguientes grupos de usuarios se ubican en las denominadas categorías R 3-1 (3.800 a 4.750 metros cúbicos anuales), siendo éste el grupo más representativo en cuanto a niveles de consumo en la provincia de Chubut; luego siguen las categorías R 3-2 (4.751 a 5.700 metros cúbicos anuales); y R 3-3 (5.701 a 6.850.
En las 4 primeras categorías R1, si el usuario demuestra un ahorro del 15% en relación al mismo mes del año anterior, se aplica un descuento del 50%.
En las categorías R3-1 y R3-2, el descuento se reduce al 30%. Y para las categorías más altas, desde el R3-3, la reducción es de sólo un 20%. En todos los casos, la condición es haber constatando una disminución de consumo del 15%.
En ese contexto, el ejecutivo detalló que el aumento promedio para la categoría más representativa significaría un salto en el valor del metro cúbico desde 20 centavos, en la actualidad, hasta 80 centavos (si se aplica el descuento) o 1 peso (sin el descuento).
En la práctica, el incremento del 500% ha comenzado a ser superado en algunas regiones de la provincia de mayor consumo, particularmente en el sector comercial, donde los aumentos superan el 1.000 por ciento. El tema fue planteado ante las autoridades nacionales y se espera que haya algún tipo de revisión, mientras comenzaron a proliferar los recursos de amparo para suspender el aumento: en Comodoro, la Defensoría del Pueblo está facultada para actuar en representación de un planteo colectivo.
