Por Raúl Figueroa) El 29 de noviembre será la puesta en marcha del plan de vacaciones concentradas entre diciembre y enero por parte de la empresa PAE, que involucra a 1.420 operarios petroleros de base, a los que se suman entre 400 y 500 del sector jerárquico y otros 170 del ámbito de la construcción en yacimiento. Esto implica la parada temporal de 15 equipos de perforación y 26 de work over, a la espera de que regresen al campo a partir de la segunda quincena de enero, siempre y cuando el gobierno nacional mantenga el plan de precios de incentivo para el petróleo y gas, en el marco de la crisis internacional que atraviesa el sector.
Con el precio del barril de crudo WTI a punto de perforar el piso de 40 dólares y el Brent (que se toma como referencia actualmente para el petróleo de Chubut) en 43,50, las perspectivas asoman altamente complicadas de cara al año 2016.
Más allá de los compromisos asumidos en primera instancia por Daniel Scioli y luego por Mauricio Macri para sostener el esquema de incentivos –con las consabidas chicanas de un sector y otro, poniendo en duda la palabra del segundo frente al compromiso “firmado” del primero (aunque hay quienes advierten que dicho documento firmado tampoco es garantía suficiente)-, todos los dirigentes políticos con experiencia saben que la parada será complicada.
Es que, según reconocen los actores políticos de ambos sectores por lo bajo, si el crudo cae por debajo de 40 dólares será difícil de sostener el acuerdo de precios, que insume alrededor de 4.000 millones de dólares en el año (equivalente a la diferencia entre el precio internacional del barril y los valores de referencia para el mercado interno) para sostener el esquema. Ese monto es aportado por los consumidores combustibles, a través del precio que pagan en el surtidor. Además, hay un aporte fiscal del Estado para el precio del gas, que es de alrededor de 3.500 millones de dólares por año, según fuentes cercanas a la OFEPHI. El sostenimiento tiene el límite de la capacidad de aporte de uno u otro sector, es decir de los consumidores y del Estado nacional.
Todo análisis hoy queda limitado por la barrera del próximo domingo 22 de noviembre. Cualquiera sea el próximo Presidente de la Nación, tomará definiciones que afectarán al sector. Si hay una devaluación (gane quien gane, la adecuación del tipo de cambio parece irreversible: la duda es en qué magnitud, pero de mínima el presupuesto 2016 contempla un dólar a $10,60, es decir 10% por encima del valor actual; dependiendo del alcance de ésta, la ecuación económica de las operadoras podría verse equilibrada a partir de un modo doloroso: eso implicará una licuación del costo salarial en pesos, lo que representaría una baja de costos. En un contexto de restricción y precario equilibrio, donde la prioridad será mantener los equipos en el campo, será difícil el recupero inmediato del poder adquisitivo del salario (una herramienta indispensable será la adecuación del impacto del impuesto a las ganancias sobre sueldos, dejando más plata en el bolsillo del trabajador sin la necesidad de un aumento nominal). En todo caso, el efecto (buscado por las empresas, indeseado para los trabajadores) de esa devaluación sería una reducción del costo de extracción por barril, que hoy está cercano al precio internacional (por encima de 25 dólares, contra los 40 de referencia internacional). Esto posibilitaría que el mercado se acerque nuevamente a la relación que había a principios de la década del 2000, cuando aun con un precio internacional de 20 dólares por barril, el costo era inferior o igual a la mitad, posibilitando mantener la actividad. En ese plano, el líder sindical Jorge Ávila viene advirtiendo: “discutamos también lo que ganaron las operadoras en todos estos años”. En esa discusión, sólo la madurez y comprensión cabal del problema, por parte de todos los sectores, posibilitará un gran acuerdo que fije a la eficiencia –que es la otra herramienta para reducir el costo, sin que esto signifique ajuste salvaje sobre sueldos o puestos de trabajo- como una prioridad para sostener la producción, que ha llevado a Chubut a mantenerse en los últimos años como la primera productora de crudo del país.
También está por verse si el próximo gobierno podría incluir a la exportación de petróleo en los productos alcanzados por los reembolsos a la exportación por puertos patagónicos, recientemente restituidos por un decreto de Cristina Fernández: si se incluye al hidrocarburo (no era así en la ley original, creada en 1984), el crudo que sale de Comodoro podría recibir un recupero de 9% por cada barril, es decir alrededor de 9dólares por unidad, a valores actuales. No es cubre toda la diferencia con el mercado internacional, pero bien podría implicar un aliciente para entre el 20 y 30% de la producción de Chubut, que inevitablemente debe exportarse, por no poder absorberse en el mercado interno.
