Minería: ¿puede esta actividad compensar las caídas del petróleo en Chubut?

Por Raúl Figueroa) La crisis internacional del precio del petróleo y los vaivenes que ello produce sobre la economía provincial, como refleja el reciente pedido de endeudamiento por parte del Estado provincial para ingresar unos 1.200 millones de pesos que compensen la caída de ingresos proyectada para este año, llevan a plantear el interrogante en torno a si hay otras actividades económicas que podrían generar un producto bruto si no igual, al menos cercano al hidrocarburífero. Quienes impulsan el debate minero creen que la riqueza que cuenta la meseta central de Chubut podría tener esa llave, ya que en torno al proyecto Navidad –con recursos de plata y plomo- se habla de un movimiento potencial de 2.500 millones de pesos al año, además de un sistema de compras a proveedores de la provincia del orden de los 1.500 millones anuales.

La estimación ha sido formulada por el economista y gerente de Análisis Económicos de la consultora Abeceb, Mariano Lamothe, quien asegura que Chubut tiene “una riqueza geológica mineral que la posiciona en un lugar de privilegio”, y resaltó que con ese proyecto de extracción de plata se generarían “1800 puestos de trabajo entre directos e indirectos”.
Vale recordar que en la provincia la actividad minera está sujete a la realización de consultas populares en las localidades cercanas a los proyectos, aunque el mecanismo todavía debe ser reglamentado por el Ejecutivo provincial, según la ley  Ley XVII 127, sancionada en noviembre del año pasado. La misma establecía un plazo de 120 días para contar con tales precisiones normativas, aunque ello no se ha instrumentado. Ello abrió una discusión paralela en torno a si la ley que fija el mecanismo de consultas populares seguiría teniendo vigencia o no, al  incumplirse el plazo previsto en la misma. Según la posición mantenida por el gobierno provincial, el tema no se tratará en el transcurso de 2015, tratándose de un tema sensible en un año electoral.

Constitucionalidad de las consultas populares

Otra discusión planteada es sobre la constitucionalidad de esa norma ya que a entender de algunos juristas, como el Dr. Raúl Heredia, la norma no puede plantear consultas populares fragmentadas por regiones. En efecto, el texto de la Constitución de 1994 establece que las decisiones sobre el manejo de recursos naturales de la provincia pueden resolverse mediante consulta popular, pero convocado a todos los habitantes del territorio chubutense. En el mismo crítico sentido, el constitucionalista Heredia ha dicho que la consulta no podría hacerse sobre cada proyecto en particular, sino sobre toda la actividad en una sola convocatoria. Una propuesta desde la oposición legislativa apuntaba a que la misma se realizara durante el acto electoral previsto para octubre de este año, aunque la iniciativa hasta ahora no prosperó.

Canon minero y distribución a las provincias: otro debate pendiente

Otro de los temas para discutir sobre una eventual actividad minera en la provincia se vincula al canon minero, que es del 3% según el Código de Minería de la Nación y que en la provincia de Chubut es un punto menos por haber adherido en su momento –en la década del 90- a la ley de promoción de inversiones mineras.
Al respecto, uno de los analistas que ha introducido el tema es Hugo Nielson, quien integra el equipo de la Fundación DAR, una especie de “laboratorio de ideas”, del precandidato a Presidente de la Nación por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Según consigna el periódico El Inversor Online, Nielson es secretario del Organismo Latinoamericano Minero (OLAMI) y trabaja en la elaboración de un programa minero que genere un alto grado de sinergia entre las operadoras, las provincias y Nación. Consultado por ese medio especializado, Nielson adelantó los puntos más importantes de un eventual programa a desarrollar en caso de que Sicioli llegue a la primera magistratura nacional: “hay que modificar el cálculo de las regalías mineras, que sea haga sobre las utilidades y no sobre el valor boca mina. Hay que revisar cómo se distribuyen los beneficios económicos que se obtienen de la industria minera (porque los impuestos que paga son bastante altos) y generalmente van todos a la Nación –dijo-. Casi el 90% de los beneficios que deja la minería van al Estado nacional para ser redistribuidos desde la Coparticipación Federal. Pero esa distribución se hace tarde, se diluye, y las regiones donde está instalado el proyecto no ven los beneficios directamente”.
Tomando como ejemplo a países con mayor actividad minera como Chile y Perú, Nielson considera que los gravámenes deberían ser móviles –en un escenario de altos precios internacionales y ganancias extraordinarias aporten más… y viceversa –, como en el caso peruano. “Lamentablemente,  estamos sufriendo un momento de depresión de los precios de los commodities, pero hay que estar preparados para que en las mejores épocas se pueda acumular más y en las difíciles esté un poco más adaptado a las circunstancias”, indicó.

Consultado sobre esa propuesta para este informe de Suplemento Desarrollo, el economista Mariano Lamothe admitió que sería viable la posibilidad de regular el canon minero de acuerdo a la fluctuación de variaciones de precios internacionales, aunque advirtió: “se hunde mucho capital durante años para empezar a recuperarlo en el largo plazo. Es importante poder generar discusiones de que sea sobre margen de utilidad el cobro (del canon), o al menos una parte, de manera tal de que cuando a la empresa minera le va bien el Estado participe en ello y cuando no tenga un ingreso, que no se caiga tanto de modo que la actividad se torne inviable”.
En ese marco, planteó que la provincia está perdiendo la oportunidad de desarrollar la actividad durante la época de precios altos, ya que actualmente  el precio de la plata “está en un nivel bastante bajo respecto a lo que fue hasta 2012, porque sufrió caídas de más del 50%; por eso se necesitan condiciones regulatorias de sinceridad en el marco regulatorio, para que los proyectos mineros se puedan llevar a cabo. Hoy Argentina no los genera y muchas provincias, aun menos”.
Vale recordar también que en el proyecto (finalmente archivado) de marco regulatorio para la actividad minera en Chubut, la propuesta apuntaba a elevar el canon hasta un 7%, aunque ello también dio lugar a otra discusión en torno a si era posible fijar un tributo mayor al previsto por una ley superior (el Código Minero de la Nación). Esa discusión se saldó al momento de avanzar en la ley provincial de Hidrocarburos, ya que en lugar de calificar como “regalías”  a los 3 puntos adicionales que se exige a las operadoras al momento de renovar la concesión (no se podían elevar las mismas, ya que la ley nacional fija un techo del 12%), se los encuadró como “bono compensador por agotamiento del recurso”.

Desarrollo de proveedores

Según Lamothe, “Chubut posee una riqueza geológica mineral (petróleo, rocas, minerales metalíferos) que la posicionan en un lugar de privilegio respecto a otras provincias”, al tiempo que según su perspectiva, “está perdiendo una oportunidad y las mejores etapas de precios de los minerales”. Al respecto, señaló que se deberían considerar no sólo los volúmenes potenciales de incorporación de valor y puestos de trabajo, sino también “todo lo que hace al desarrollo de industrias de producción de bienes y servicios”, que sería similar “al derrame como hace el petróleo en Comodoro”.
Para el economista, Chubut tiene “una oportunidad de discutir la cuestión impositiva (que hoy es más alta cuanto más bajos son los precios) y no quiere decir quedarse con poco. Lo que tiene que hacer es una política de desarrollo de proveedores para poder captar mayor renta, como ocurrió en San Juan, donde hay un entramado de proveedores que realmente reflejan en la provincia el impacto económico de la minería. Eso no se ve solamente con recaudación”.

El peor remedio…

La pregunta del título de este artículo encierra una contradicción. Si los precios internacionales del crudo hoy son bajos, también lo son los de los minerales susceptibles de explotación. Sin embargo, queda claro que el tema requiere al menos una discusión profunda en torno a distintos aspectos, empezando por los seguros ambientales correspondientes. Si Comodoro vive los beneficios y perjuicios de una actividad petrolera (minera) desde hace más de 100 años, bien tiene el derecho de al menos discutir otras opciones productivas. Queda claro, en todo caso, que la peor “solución” para el tema es esconderlo bajo la alfombra, ya que un  debate abierto y transparente posibilitaría que la ciudadanía cuente con la mayor cantidad de elementos a la hora de tomar una decisión.

 

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