Por Raúl Figueroa) El consultor y ex secretario de Energía, doctor Daniel Montamat, defendió la posición de las provincias petroleras en su debate con el gobierno nacional sobre la nueva ley de Hidrocarburos, aunque confió en que se puede encontrar un camino intermedio entre el ejercicio de la jurisdicción de las provincias y la necesidad del gobierno nacional de velar por un manejo estratégico de los recursos. En entrevista concedida para este informe de suplemento Desarrollo, cuestionó la política de precios del gobierno nacional, que al desvincular al petróleo y gas de las referencias internacionales “está logrando que los precios altos que quería evitar se nos metan por la ventana”.
En ese contexto, Montamat sostuvo que “hay que buscar un camino intermedio que concilie el poder original sobre los yacimientos y la necesidad de contar con una política nacional”, en base a una nueva ley de Hidrocarburos que debería fijar las bases para el desarrollo de la actividad en las próximas décadas. En ese marco, opinó que la nueva normativa deberá contener tres elementos fundamentales: estrategia de largo plazo; precios reales; y reglas claras. Montamat cuestionó la política energética de Nación, al fijar precios de referencia para el mercado interno del petróleo y gas, muy por debajo del mercado mundial. “Los precios internacionales a los que quisimos cerrar la puerta se nos metieron por la ventana, vía importación y si no hay una recomposición terminaremos importando cada vez más energía, que paga regalías y genera fuentes de trabajo en otras latitudes”, dijo el especialista, en diálogo con el programa Actualidad 2.0 (radio Del Mar). Al mencionar los elementos que deberían considerarse para la nueva normativa, indicó: «se necesita una estrategia, porque hoy la energía está entrampada en el corto plazo y necesitamos un proyecto energético acoplado a un proyecto de desarrollo para los próximos 20 años. Este desarrollo de los recursos no convencionales necesita ingentes inversiones. Se necesitan estrategias de largo plazo». En esa línea, opinó que se debe avanzar hacia un sinceramiento de precios: «la Argentina ha estado viviendo una irrealidad en materia de precios y tarifas de gas y electricidad. Necesitamos una tarifa social para cubrir a los argentinos que no puedan afrontar las recomposiciones, pero hay que ir a un esquema de precios que refleje costos económicos. Ahí está la discusión fundamental de renta petrolera, que surge de restar los costos (reales) a precios (reales)”. Además, determinó que «necesitamos reglas que den certidumbre de largo plazo», en contraposición a la permanente emisión de resoluciones y decretos que van generando un parece sobre otro en la actividad. Sobre los términos en que se planteó la discusión entre los líderes de la OPFEHI y el gobierno nacional, opinó Montamat que los gobernadores «han estado defendiendo bien los intereses de las provincias, teniendo en cuenta que éste era un proyecto que avanzaba sobre el dominio originario inicial de los recursos. En el fondo se está discutiendo es lotear el subsuelo de las provincias y establecer derechos que van hasta el 2050 ó 2060, si nos ponemos a analizar esto desde la letra chica, porque no está expresado en ningún documento. Por las prórrogas que se daban a ciertas concesiones, por las nuevas concesiones que se iban a dar en función de la existencia de recursos no convencionales y la necesidad de correr las concesiones originales, en el fondo están vaciando el dominio provincial. Creo que la posición de las provincias debe ser mantenida porque responde al artículo 124 de la Constitución Nacional. Ahora bien, yo hablo de la necesidad de una nueva ley de Hidrocarburos, que nos debe convocar a un debate de todos los argentinos, porque no puede surgir sólo de un arreglo entre las provincias petroleras y el gobierno nacional, sino responder a un consenso general en el Congreso de la Nación”. Necesidad de sincerar precios
Al consultarle si hay que ir hacia un sinceramiento total de precios en el país, considerando que las provincias petroleras dejaron de percibir 18500 millones de dólares (ver página 4 de esta edición), expresó: «yo fui consultado en el dictado de la ley de emergencia económica en 2002. Se fijaron 120 días para empezar a reacomodar los precios; hablamos de febrero de 2002. Han pasado años y años. Debimos iniciar un proceso de recomposición gradual de precios mucho antes», evaluó. Y enfatizó que en la actualidad «ya estamos en precios internacionales. Los embarques vienen a 15 dólares, le pagamos a Bolivia 10,20 el millón de BTU y a nuestras cuencas productivas a menos de 4 dólares contabilizando todos los planes –comparó-. Los precios internacionales a los que quisimos cerrar la puerta se nos metieron por la ventana vía importación y si no hay una recomposición terminaremos importando cada vez más energía (como ya está ocurriendo en la actualidad y con las crecientes asignaciones de subsidios para cubrirlo). Estamos en una política de promoción de importaciones con las señales de precios que hemos estado manejando», lamentó. En relación el argumento de las provincias que pretenden sostener a sus empresas de Energía como Petrominera, que son dejadas de lado en el proyecto a partir de la eliminación del sistema de acarreo (denominado “carry” en la jerga), señaló: «en otro contexto de política energética, con una YPF interactuando en competencia con otras empresas provinciales, nacionales e internacionales con señales de precios que reflejen referencias internacionales, contratos estándar y procesos licitatorios transparentes, el acarreo es una posibilidad; pero en la actualidad es impuesto obligatoriamente por muchas provincias como una respuesta a la apropiación de renta que viene de la interferencia de precios a nivel nacional», indicó. «Vos me manejás los precios así, entonces a los derechos los manejo de esta forma y te obligo a asociarte con esta empresa provincial –mencionó como ejemplo-. Se está discutiendo renta. Hay mucha reacción contra el manejo discrecional que interfieren en la renta de los recursos naturales que pertenecen a las provincias. La asociación con una empresa provincial debería ser una opción, no ser impuesta», consideró Montamat.
