Por Raúl Figueroa) El ingeniero Carlos Lambré, actual secretario ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, afirma en esta entrevista con Suplemento Desarrollo que el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional –para adecuar la normativa a la posibilidad de explotar recursos no convencionales de petróleo y gas- avanza sobre facultades que corresponden a las provincias petroleras. “Hay mucho por hacer en áreas convencionales, antes que avanzar en el shale”, advierte. Y defiende el sistema de “carry” o acarreo como uno de los mecanismos para participar de la renta petrolera y mejorar las condiciones de vida en las regiones que rodean a las provincias petroleras.
-¿Cuál es el análisis que hace sobre la discusión Nación-Provincia en torno a los recursos no convencionales? -Con respecto al proyecto presentado por las provincias y que fue devuelto por el Ejecutivo Nacional, todavía el comité ejecutivo de la OFEPHI (que es la parte técnica) no lo ha sido analizado. Sí se está evaluando a nivel político, por parte de los señores gobernadores entre los cuales Martín Buzzi es el presidente del organismo; son las autoridades quienes están llevando adelante una discusión política sobre al proyecto de ley que incluye a los no convencionales-. Así, el ingeniero Lambré, de reconocida trayectoria en la industria petrolera del golfo San Jorge, advierte que su opinión en esta entrevista es a título personal y no institucional.
-De todos modos, por opiniones preliminares y lo que ha trascendido periodísticamente en torno a esa discusión política, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta en el debate desde el punto de vista de las provincias, qué precauciones habría que adoptar? -Lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la ley corta el dominio de los hidrocarburos y toda la riqueza hidrocarburífera pertenece a las provincias, por lo que no se puede tomar ninguna decisión ni llevar adelante ningún proyecto que vaya contra de los intereses provinciales. Por eso estos temas tienen que ser analizados a nivel de provincias, hay cosas que podemos estar de acuerdo en evaluar: la ley de hidrocarburos, a pesar de ser una buena norma, necesita ser adecuada porque fue hecha en su momento cuando existía YPF como única empresa y bajo ciertas condiciones de producción. Hoy tenemos 57 empresas que operan en el país y además se han modificado las características técnicas de la explotación, se han perfeccionado, a lo que debemos sumar los recursos no convencionales.
-¿Hay riesgo –en el proyecto de ley- para el dominio de las provincias, que fue consagrado por la Constitución de 1994 y llevada a la práctica por ley corta de Hidrocarburos? -Hay condiciones en el proyecto que son aceptables, pero existen otros aspectos que al ser analizados intentan pasar por encima de los intereses y los derechos de las provincias productoras.
-Uno de los aspectos que se viene discutiendo es el “carry” o acarreamiento, es decir la asociación de las empresas provinciales a la hora de ingresar a un área para explotar un recurso no convencional. La eliminación de ese sistema, ¿se puede leer como vulneración a la jurisdicción provincial? -Todos hablan de “carry” y algunos plantean que implica un costo para las empresas que quieren invertir, pero en realidad las provincias ponen sus recursos (petroleros y gasíferos), que están en áreas pertenecientes a su jurisdicción; entonces no es cierto que no ponen nada, están poniendo los recursos para ser explorados y explotados. Me llama la atención el intento de que las provincias cedan parte de sus intereses, cuando en realidad todas estas empresas que se van a dedicar a los No Convencionales (N.C) o que han planteado invertir para la evaluación de los N.C saben lo que es la actividad petrolera, que conlleva un riesgo minero. Conocen la actividad y es llamativo el hecho de que quieran sacar beneficios de las provincias, cuando en realidad muchas de esas empresas tienen presupuestos mayores a los de las provincias o mayor a los presupuestos nacionales; entonces es extraño que quieran tener ventajas frente a las provincias cuando éstas deben lograr un beneficio de los recursos de su subsuelo para que los habitantes vivan cada día mejor ,además de tener trabajo, desarrollar actividades en la zona y mejorar la calidad de vida de las empresas de la región. Eso plantea el borrador del proyecto, sobre responsabilidad social de las operadoras, algo en lo que sí estamos de acuerdo.
-¿Se le está pidiendo un esfuerzo más grande al eslabón más débil de la cadena? -Yo pienso que primero, de acuerdo a lo que se viene hablando, el proyecto de ley está planteado por las empresas petroleras, en este caso por YPF, cuando en realidad las operadoras lo que deben hacer es desempeñar sus actividades, invertir, correr el riesgo minero, explorar, desarrollar áreas y ser eficientes en la producción. La propuesta para mejorar las normas corresponden al ámbito de las decisiones políticas.
-¿El “carry” es un sistema válido para la captación de renta petrolera? -Es una forma de participar en la renta petrolera. Habrá que discutir la forma en que se lleva a cabo la participación, pero las empresas o las provincias a través de sus empresas provinciales tienen todo el derecho a asociarse y participar, desde el momento en que exponen sus áreas para ser explotadas.
-El proyecto busca un sistema de licitaciones transparentes, unificando criterios desde el gobierno nacional: ¿se está cuestionando la transparencia de las provincias? -Mirado desde el punto de vista de las provincias, da la sensación de que los grandes problemas energéticos del país fueron ocasionados por las provincias, cuando la política petrolera la fija el gobierno nacional. Las provincias, como dueñas del recurso, tienen el derecho de acatar esas definiciones como autoridad de aplicación. Yo creo que todas las actividades que han llevado a cabo las provincias, en cuanto a licitación de áreas, han sido transparentes. Chubut ha licitado áreas a través de Petrominera, ha renegociado concesiones a través del gobierno provincial y no veo que haya algo no transparente; en el proyecto de ley se plantea algo que ya estamos aplicando, como el hecho de fijar condiciones de que se adjudique a la oferta de mayor inversión. No es que hoy se le hayan adjudicado áreas a cualquiera, sino a quien plantea la máxima inversión en exploración, que es lo que a nosotros nos interesa, que las provincias inviertan en exploración, porque básicamente es la premisa que hace sustentable la actividad.
“Antes que No Convencionales, se debe invertir en áreas remanentes”
-Hay un buen movimiento de equipos en el país, según algunos informes especializados; ¿cómo ve la actividad? ¿La discusión actual entre Nación y provincias petroleras podría trabar la proyección de mayor actividad?
-En realidad he leído que ha subido la cantidad de equipos, pero esto se debe principalmente al desarrollo o la perforación en masa que se está llevando a cabo en Neuquén -Vaca Muerta-; pero si nosotros o alguien piensa que los No Convencionales van a ser el camino para el auto abastecimiento, está equivocado. Pienso que si toda esa cantidad de dinero que se maneja y proyecta para los yacimientos No Convencionales, se volcara a aprovechar áreas no exploradas, a invertir en zonas que todavía tienen recursos convencionales para aprovechar, creo que de esa forma llegaríamos al auto abastecimiento más rápido. Los N.C son aceptables desde el punto de vista del piloto, del estudio y el ensayo, para ver la evolución en el tiempo, pero si lo analizamos desde el punto de vista técnico económico, los N.C no son todavía viables, son anti económicos. Nadie puede mostrar un pozo que decline menos que un yacimiento convencional ni de mejor comportamiento, pese a que requieren inversiones entre 3 y 10 veces mayores. Nadie hoy puede justificar dejar de invertir en yacimientos convencionales, donde queda todavía mucho por hacer.
-¿Hay un error de diagnóstico?
-No sé si de diagnóstico o de intereses. Mi punto de vista es que los N.C se deben evaluar, pero no nos ayudarán al auto abastecimiento, porque insisto: todo lo invertido en N.C es anti económico, con una declinación peor que en un área Convencional, que ofrece mayores posibilidades. En los N.C hay que hacer perforación masiva, con más riesgo para el ambiente y no hay vida útil mayor a los 10 años. Lo que se está apuntando a invertir en áreas N.C debería volcarse a las áreas todavía no exploradas y que corresponden a las profundidades habituales, invirtiendo en Convencional tendríamos mejores resultados. El pozo de mayor producción del país de YPF está en el Campamento Central en Comodoro Rivadavia, un área que se cataloga como “madura” pero que sin embargo, al incrementar la inversión, la compañía ha encontrado excelentes resultados. En Chubut hay áreas remanentes en Restinga Alí, en Manantiales Behr donde todavía YPF podría avanzar en nuevos proyectos de recuperación secundaria y terciaria, donde estoy seguro que habrá buenos resultados. PAE pasó de invertir 300 millones de dólares a 800 millones anuales después de la renegociación y hoy tenemos en la provincia de Chubut muy buenos indicadores de producción y reserva. Creo que esto nos muestra hacia donde debemos orientar las inversiones, más allá de que los N.C deben estudiarse y evaluarse para un futuro.
