Por Raúl Figueroa) El proyecto de ley que discuten Nación y provincias petroleras sigue generando tensión entre ambos sectores, aunque en el marco del debate cuesta hallar claridad en torno a cuáles son los aspectos en discusión y por dónde pasan las principales diferencias. Además, en las últimas horas hubo un pronunciamiento de gobernadores en apoyo a la iniciativa, en lo que pareció ser una reacción a los dichos del candidato opositor Sergio Massa desde la provincia de Neuquén, cuyo gobernador Jorge Sapag ha expuesto, junto al chubutense Martín Buzzi, los principales argumentos en contra de algunos aspectos del proyecto.
El proyecto es una modificación a la ley Federal de Hidrocarburos número 17.319, de la cual se propone la reforma de un total de 14 artículos, sumándose 4 artículos adicionales para incluir lo relativo la nueva situación, vinculada principalmente a recursos no convencionales de petróleo y gas. Uno de los puntos en observación se vincula a la eliminación de las restricciones al número de permisos y concesiones para una misma empresa. Entre los cambios, se transforma en ley el decreto 929, que fijaba beneficios (libre disponibilidad del crudo y precios internacionales, sin retenciones, para un determinado porcentaje, del 20%, de la producción adicional que se sume bajo las nuevas condiciones de producción) para inversiones del orden de los 1.000 millones de dólares. En este caso, se reduce ese límite a 250 millones de dólares, incrementándose los beneficios para proyectos off shore (hasta un 60%). Entre las medidas que se desprenden del proyecto en discusión, se apunta a la reducción de regalías para recuperación terciaria y petróleos extra pesados, para compensar los mayores costos en proyectos especiales. Otros aspectos de la normativa prevé medidas tales como reducción y adecuación de plazos de permisos exploratorios, con la finalidad de “acerar inversión y evitar demoras y especulaciones de empresas”, según se argumenta desde ámbitos empresarios que apoyan la iniciativa. Otra de las medidas previstas es establecer un sistema de “licitaciones competitivas, sin reserva de áreas”, posibilidad que restringiría una de las facultades de las provincias. Desde el sector empresario se argumenta que el efecto de esta medida sería el de generar “mayor atractivo para nuevas inversiones”. La limitación de las reservas fue avalado recientemente por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quien expresó: “No es admisible que las provincias tengamos áreas en reserva durante años a nombre de empresas que no tienen ninguna relación con el petróleo, y mientras tanto el país esté importando hidrocarburos, favoreciendo una especulación inmobiliaria en una actividad productiva”. La declaración de la mandataria fueguina coincidió con otros de sus colegas que en las últimas horas expresaron un apoyo político al proyecto, a excepción de Jorge Sapag (Neuquén) y Martín Buzzi (Chubut). Según publicó el sitio El Inversor Online, también Daniel Peralta se sumó al apoyo, que tuvo como puntapié inicial a una declaración del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien salió a defender la iniciativa. Según la citada publicación especializada, el gobernador Daniel Peralta expresó: “nosotros queremos que haya un equilibrio, defendemos la autonomía provincial, y que los recursos de nuestro subsuelo son de los santacruceños a partir de la reforma constitucional de 1994, donde una de nuestra constituyente fue la actual Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, así que no creo que anide en su ánimo modificar ese concepto que además, sólo podría hacerse con otra constituyente”. La reacción política de los mandatarios y el funcionario nacional pareció responder al planteo de Sergio Massa, quien al visitar Neuquén había expresado que el proyecto de ley “le mete la mano en el bolsillo a los neuquinos”, afirmando que la iniciativa vulneraría derechos de las provincias. En relación al proyecto, otro de los alcances apunta a adecuar plazos de concesiones off shore y no convencional, extendiendo a 35 años el plazo de actividad, para otorgar un horizonte más amplio en el recupero de inversiones en ese tipo de proyectos, que resultan más elevadas que las de áreas convencionales. El proyecto prevé además la opción para que titulares de concesiones en vigencia accedan a una concesión no convencional, lo que apuntaría a “fomentar inversión en áreas concesionadas”, tales como Vaca Muerta o, en el caso de Chubut, El Trébol donde recientemente se confirmaron indicadores positivos de hidrocarburos no convencionales. La contra propuesta que había presentado la OFEPHI, encabezada por el tándem Buzzi-Spag, apunta a que se cobre un canon de reingreso al área, al igual que se estableció en las recientes prórrogas de concesiones que debían caducar en los años 2016 y 2017. Se prevé además la ampliación de 3 puntos adicionales de regalías para concesiones existentes y que obtengan prórroga por 10 años (los gobiernos provinciales habían solicitado 4 puntos), determinando para otros tributos un sistema de uniformidad en todo el país (regalías de 12% y tasa de 3% para ingresos brutos, eximiendo o reduciendo el impuesto a los sellos). Otra diferencia entre el proyecto oficial y la expectativa de los referentes de la OFEHPI estaría dada en torno a los aportes de responsabilidad social, que el texto oficial limita a un punto y medio por ciento del total de la inversión y los gobernadores habrían planteado una mayor amplitud, según necesidades de obras de infraestructura. Y la principal diferencia seguía radicada en torno al “carry” o acarreo, que el texto de Nación pretende eliminar y las provincias pretenden defender, advirtiendo que dicha posibilidad podría vulnerar principios constitucionales –tal el caso de Neuquén, que contempla esa figura de asociación en su Constitución-. Otra de las diferencias se planteó fuertemente en torno a la fijación de criterios para la licitación de áreas, que la iniciativa del gobierno nacional apunta a dar participación a la comisión nacional creada por el decreto 1.277, el cual podría ser atacado también por vulnerar alcances constitucionales, según el planteo formulado por el ex titular de Gas y Petróleos de Neuquén en entrevista con este suplemento en edición anterior, ing. Rubén Etcheverry.
